Hace casi tres años escribí una columna titulada “El crimen no se detendrá” en la que analicé cifras de Naciones Unidas que ubicaban a Ecuador como uno de los países con menores tasas de población carcelaria del continente americano. Señalé que en razón de ser mínimas las probabilidades de que un criminal termine recluido en prisión, Ecuador ofrecía un fuerte incentivo para el cometimiento de actos delictivos. Concluí diciendo que si esa realidad no cambiaba significativamente, no cabía esperar que la criminalidad se redujera en el país.
No solo que Ecuador no ha incrementado su población carcelaria sino que, mediante reformas legales introducidas en los últimos años, las autoridades se han embarcado en un amplio proceso de liberación de prisioneros que, en los últimos 18 meses, ha reducido en un 10% la ya muy modesta población carcelaria que existía en el país.
Estas medidas se originan en la creencia de la izquierda de que la criminalidad es el resultado de las injustas condiciones socio-económicas existentes, por lo que la lucha contra el crimen debe priorizar los servicios sociales y la redistribución de la riqueza en lugar de arrestos y encarcelaciones. Sin embargo, históricamente la realidad ha contradecido esta equivocada creencia.
El diario Wall Street Journal recientemente analizó el impacto que en las actividades criminales ha tenido la crisis económica que viven hoy los Estados Unidos de Norteamérica y que constituye la más grave de los últimos 80 años. Contrariamente a lo que algunos podrían esperar, durante 2009 los homicidios en ese país se redujeron en 10%, los crímenes contra la propiedad en 6%, los crímenes violentos en 4,4%, el robo de vehículos casi 20% y así sucesivamente. Claro, en los últimos treinta años, los americanos han multiplicado por cinco su población carcelaria.
El caso de Ecuador también es ilustrativo. El auge económico registrado de la última década que tan positivo impacto ha tenido en la realidad socio-económica de los ecuatorianos, no ha contribuido a reducir la incidencia de las actividades criminales en el país.
La efectiva imposición de penas de cárcel continúa siendo una de las mejores herramientas de disuasión para las actividades criminales. Sin embargo, el Estado ecuatoriano ni siquiera es capaz de mantener en prisión a los pocos criminales a los que logra encerrar -buena parte obtiene su libertad rápidamente- menos aún logrará incrementar su número.
Nuestro país continúa siendo un ‘paraíso’ para las actividades criminales de todo tipo -y para el crimen organizado en particular, pues el botín usualmente está denominado en dólares americanos- lo cual además de hacer cada vez más precaria la seguridad de los ecuatorianos, envía un poderoso mensaje hacia el exterior: ¡Criminales del mundo, uníos…Y venid a delinquir en Ecuador¡.