La ONU condena este miércoles 20 de marzo del 2019 a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. Foto: EFE
El criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic, condenado este mièrcoles 20 de marzo del 2019 a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, evitó la justicia durante más de doce años y espera pasar a la Historia como un mártir del pueblo serbio.
Karadzic, de 73 años, fue obligado a levantarse para escuchar la sentencia, pero apenas gesticuló. Su abogado Peter Robinson declaró después que, para el exmandatario, “el precio de una República de Srpska independiente es perder su libertad, pero está preparado para asumir ese coste”.
Estos aires de grandeza contrastan con el aspecto físico que mostraba cuando fue detenido en julio de 2008 en un suburbio de Belgrado, donde ejercía la medicina alternativa bajo una falsa identidad y llevaba gafas y barba blanca.
El antiguo líder serbobosnio vivía prófugo, pero sin ocultarse. Se movía por los lugares públicos, participaba en conferencias e incluso varias de sus intervenciones, que atraían a mucho público, fueron filmadas por televisiones locales.
Los esfuerzos y el interés de Serbia por capturar a Karadzic y a su jefe militar, Ratko Mladic, fueron de menos a más a lo largo de los años, conforme sus gobiernos iban evolucionando hacia posturas más cercanas a la Unión Europea.
Una vez detenido y trasladado a La Haya, el exmandatario asumió buena parte de su propia defensa y se presentó ante los jueces como un político que intentó evitar el conflicto en Bosnia Herzegovina, que comenzó en 1992.
Negó que sus tropas dispararan contra civiles durante el sitio de Sarajevo y aseguró que la mayoría de víctimas de la ciudad fueron o “combatientes musulmanes” o sus propias tropas.
“Si abrían fuego contra los serbios, éstos tenían que responder sin tener que preguntarle a su comandante o a su presidente. Era su derecho a defenderse”, dijo Karadzic, que aseguró que el objetivo último de sus enemigos con esos tiroteos era “internacionalizar el conflicto“.
Respecto a las fuerzas paramilitares serbobosnias existentes durante la guerra, el exmandatario aseguró que las prohibió, obligó a que se subordinaran al ejército regular e incluso procesó a algunos de sus miembros.
En cuanto a la masacre de Srebrenica, donde unos 8 000 hombres bosnios musulmanes fueron asesinados en 1995, negó tener conocimiento de los hechos sucedidos
Una de las pruebas que sirvieron para condenarlo por genocidio fue que Karadzic firmó, el 8 de marzo de 1995, una directiva que contenía un pasaje en el que se ordenaba a su ejército “crear una situación insostenible de total inseguridad sin esperanza o posibilidad de sobrevivir para los habitantes de Srebrenica”.
El exmandatario dijo durante el juicio que había firmado dicha directiva sin leer ese pasaje, pero los jueces no lo creyeron.
Durante el juicio, Karadzic criticó que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) rechazará las intervenciones de algunos testigos, pues según su versión lo habrían exculpado.
El expresidente de la República de Srpska es, junto al general Ratko Mladic, la figura más destacada entre los condenados por el TPIY, después de que el expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic muriera en 2006 antes de que se emitiera su veredicto.
La cadena perpetua emitida hoy por el Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MICT en inglés) es superior a la condena de 40 años emitida en primera instancia por el TPIY y es inapelable.
El equipo legal de Karadzic sólo podría reabrir el caso si salieran a la luz hechos no expuestos durante el juicio, algo poco probable.
Los condenados por el TPIY tienen prohibido cumplir condena en los países que formaban la antigua Yugoslavia y frecuentemente son trasladados a Estados que han firmado acuerdos con el tribunal meses después de que la sentencia sea firme.
Tras más de diez años encarcelado en la ciudad holandesa de La Haya, Karadzic “tiene sus preferencias” sobre dónde quiere cumplir sentencia, dijo su abogado Peter Robinson, que prefirió no compartirlas “por razones de seguridad“.
No obstante, será el MICT el que decida dentro de al menos seis meses si el exmandatario es trasladado a otro país. EFE