13 de agosto de 2019 00:00

La Corte Constitucional dirime el dilema de la minería en Azuay

Dos posiciones contrarias sobre actividades extractivistas que llegaron al máximo tribunal constitucional se estudian. La decisión creará jurisprudencia.

Dos posiciones contrarias sobre actividades extractivistas que llegaron al máximo tribunal constitucional se estudian. La decisión creará jurisprudencia. A la izquierda, el Prefecto del Azuay Yaku Pérez. A la derecha, Baldor Bermeo, alcalde de Ponce Enríquez. Fotos: Archivo EL COMERCIO y Cortesía

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Lineida Castillo
Redactora (I)

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En marzo de 2019, el 84% de la población de Girón (Azuay) apoyó en una consulta popular que se prohibiera la minería en ese cantón. Hace dos semanas, la Corte Constitucional recibió otras dos solicitudes de dictámenes previos vinculantes de gobiernos autónomos de Azuay, para convocar a consultas.

Una consulta es liderada por el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, quien pide prohibir la minería en fuentes de agua. La otra es del alcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, quien está a favor de esta actividad en su territorio.

Un total de 83 concesiones de pequeña minería metálica están registradas en Azuay y 157 en El Oro. Ecuador registró en el 2018 una producción de 3,4 millones de gramos de oro provenientes de ocho provincias; Azuay y El Oro tienen la mayor producción, con 2,9 millones de gramos, equivalente al 86% de la producción nacional, según el Ministerio de Minería.

La consulta de Girón fue una excepción, que no fue calificada a su tiempo por la CC. Si la Corte da paso a cualquiera de ellas, creará un precedente que puede ser utilizado en futuras consultas populares de este tipo.

Aquí, las posiciones Pérez y de Bermeo sobre sus pedidos de consultas.

Yaku Pérez: ‘En el país, la madre de todas las batallas es el tema minero’

¿Cómo avanza en la Corte Constitucional el pedido de consulta provincial por el tema minero?

La pregunta: “¿Está usted de acuerdo que se prohíba, sin excepción, las actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y zonas de recargas y regulación hídrica?”, fue bien motivada, con los antecedentes y considerandos. Estamos a la espera de que nos notifiquen con la admisión del petitorio del amicus curiae y nos convoquen a las partes a la audiencia para exponer los argumentos jurídicos. Suponemos que eso será en esta semana.

¿Cuáles serán sus argumentos?

La expresión suprema de la democracia es el plebiscito o la consulta, pero para los gobernantes eso quedó en la estratósfera. La Constitución dice que la consulta es la forma más directa y democrática para que el pueblo se pronuncie sobre temas trascendentales para el país, y este lo es.

¿Y en Ponce Enríquez, donde el Alcalde también pidió una consulta a favor de la minería?

Baldor Bermeo es un instrumento del Gobierno Nacional y de las transnacionales mineras. Pero es acertada la consulta para que sus habitantes decidan si quieren seguir viviendo con sus ríos contaminados o con escasez del líquido vital. En Ponce Enríquez los jóvenes están preocupados de eso.

El alcalde Bermeo ha dicho que la minería es la principal actividad en su cantón, que ha generado 100 000 fuentes de empleo...

Ese beneficio no llega a la mayor parte de sus habitantes, como tampoco el desarrollo. Este cantón carece de agua potable, saneamiento ambiental y vías en buen estado. ¿Dónde están las regalías? Son las ironías de un pueblo desatendido y con ríos contaminados.

Baldor Bermeo propone que continúe la minería legal.

Tanto la legal como la ilegal son responsables de la muerte de los ríos Siete, Chico, Ganuche y Tenguel. No es que la minería legal y bajo las exigencias de la Constitución parará el de­sangre de la madre naturaleza.

¿Qué avizora sobre las dos consultas -a favor y en contra de la minería- en una misma provincia?

Puede ocurrir que se aprueben las dos consultas y que al final se respeten y apliquen los resultados obtenidos en cada territorio, o que se unifiquen ajustando la pregunta.

¿Eso les conviene?

Su contenido no debe ser sesgado y lo más importante es que se apruebe la convocatoria para que los habitantes se pronuncien en las urnas y que se respeten los resultados.

¿Cuál es el plan B que tiene en caso de que se niegue el petitorio?

Confiamos en que la Corte Constitucional admitirá nuestra pregunta porque está bien formulada. Pero en el supuesto que ocurra lo contrario nos iríamos por una consulta nacional. A recolectar firmas en el país para plantear una enmienda Constitucional y que se dé paso a un plebiscito o referéndum. Eso también deberá calificar la Corte, pero cuando es la expresión nacional no podrán negarlo. Tenemos otras estrategias, que en su momento las diremos.

¿De la Corte Constitucional dependerá el futuro de la minería en el país?

La madre de todas las batallas es el tema minero. Tengo la esperanza de que la Corte falle guiada por la experticia de gente valiosa que -más allá de izquierda o de derecha- no permitirá presiones políticas o económicas. Entonces, convertiremos a Azuay en la ­primera provincia del Ecuador libre de minería.

Baldor Bermeo: ‘No permitiremos que terminen con las fuentes de trabajo’

¿Cuál fue la coyuntura para solicitar otra consulta popular por el tema minero cuando la Corte Constitucional tramita un pedido provincial por este mismo tema?

En la Cámara Provincial, el prefecto Yaku Pérez no consiguió los votos para impulsar la consulta de forma directa y esto confirma que no todos los azuayos están de acuerdo con su decisión tajante de terminar con la minería metálica en la provincia. Ponce Enríquez es un cantón netamente minero. En esa reunión les dije que impulsaríamos nuestra propia consulta y el Concejo Cantonal aprobó el pedido por unanimidad.

¿Hubo presiones a los miembros de la Cámara Provincial?

No hay alternativas viables e inmediatas para generar fuentes de empleo en nuestros territorios. Cultivamos la tierra, pero los campesinos no tienen un mercado seguro para vender los productos y dinamizar sus economías. En la producción del banano, por ejemplo, cuando hay volumen baja el precio. Nada se sostiene. No es viable regresar a la era de tierra. Con la minería que se quiere prohibir se construye todo, hasta el mismo saxofón que utiliza Yaku Pérez.

¿La Corte Constitucional les ha respondido?

No. Tienen 20 días para hacerlo. Esperamos y aspiramos a que sea favorable, porque no permitiremos que terminen con las fuentes de trabajo para las familias y con los ingresos económicos del Municipio. Soy nativo, me crié aquí, soy minero y agricultor y sé las necesidades que tenemos.

Entonces, ¿le preocupan esos posibles resultados?

Sí. Con un 2% de electores que representa Ponce Enríquez en el padrón provincial no aceptaremos que otros cantones decidan por nosotros. No solo la minería contamina sino toda actividad, incluidas la agricultura y la ganadería. En Cuenca la industria contamina los ríos y nadie dice nada.

¿Con su pedido, cree que los resultados serán favorables?

Barreremos con el sí a la minería porque todas las familias, directa o indirectamente, dependen de esta actividad que genera unas 100 000 fuentes de empleo entre habitantes de Ponce Enríquez y de otras provincias y países. La minería mueve la producción y demanda de alimentos, servicios de transporte, talleres, fábricas, almacenes…

Luego de casi 40 años de minería, el cantón no se ha desarrollado. ¿Cuánto reciben de regalías?

Acá la minería empezó en 1982 y recibimos USD 4,5 millones anuales. No puedo responder por las administraciones anteriores que no supieron gestionar o no les interesó la sociedad ponceña. Esta actividad genera recursos. Mi compromiso es que en estos cuatro años, Ponce Enríquez se vea reluciente a los ojos del mundo por la minería.

Las cifras de la Policía Nacional dicen que Ponce Enríquez es el segundo cantón más inseguro por temas de muertes. ¿También hay minería ilegal que genera inseguridad?

La inseguridad está en todas partes, en las cárceles, en Quito, en Cuenca… pero no podemos satanizar que ocurre por la minería. Acá enfrentamos la minería ilegal.

¿Qué harán en caso de que la Corte no acepte su pedido?

Dijimos en la Cámara Provincial y en la Corte Constitucional que, de no dar paso a nuestra propuesta y de resultar favorecida la de Yaku Pérez, buscaremos los argumentos necesarios y viables para pertenecer a la provincia de Guayas o la de El Oro.

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