23 de agosto de 2019 00:00

52 convenios firmados con la Ley de Fomento Productivo

Balanfarina, de Agripac, invirtió el año pasado para incrementar la ­producción industrial. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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La Ley de Fomento Productivo generó liquidez, en su primer año de aplicación, en las empresas y en la caja fiscal. Y, aunque la normativa captó inversión, todavía no se alcanzan las metas esperadas.

La normativa se aprobó el 21 de agosto del 2018, con el objetivo principal de incorporar una serie de incentivos -tributarios y no tributarios- para dinamizar al sector productivo y atraer capitales.

Entre los beneficios más importantes están la remisión o condonación de intereses a cambio de que los contribuyentes se pongan al día en el pago de impuestos; mecanismos de exoneración del impuesto a la renta o a la salida de divisas y arbitrajes internacionales. Los dos últimos benefician a nuevas inversiones.

Pero no todos estos incentivos entraron en vigor inmediatamente con la publicación de la Ley. Uno de los que se aplicó de forma inmediata fue la remisión del 100% de intereses, multas y recargos tributarios.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), por esta medida recaudó USD 1 268 millones, monto que superó la meta inicial de USD 602 millones.

Los ingresos oxigenaron las cuentas fiscales el año pasado.

El pequeño empresario Teddy Abril fue uno de los beneficiarios. El emprendedor tenía una deuda con el SRI de USD 10 000 (con intereses).

11 principales beneficios de la Ley de Fomento

El empresario no había podido volver a emprender por los problemas que le generaba ese valor pendiente. La norma le permitió ponerse al día.

Una medida que entró en vigor al mes siguiente de la publicación de la Ley fue la desgravación del impuesto al valor agregado (IVA) para los autos eléctricos. Pero el incentivo no fue suficiente para levantar a este segmento. Las ventas de este nicho cayeron 12% en el primer semestre de este año, frente a iguales meses del 2018, según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

El presidente del gremio, Genaro Baldeón, dijo que se trata de un segmento que está empezando a comercializarse y aún “no está maduro”.

En cambio, los autos híbridos de hasta USD 35 000, que antes estaban exentos, fueron gravados con IVA. Con la medida, las ventas cayeron 59%.

“Medidas de este tipo no son recomendables en un mercado que se estaba empezando a posicionar”, resaltó Baldeón.

Además, la norma eliminó el impuesto a consumos especiales para cocinas a gas.

Otro objetivo esencial de la Ley era motivar la inversión. Pero aunque la norma se aprobó en agosto, el reglamento que debía normar la aplicación de ciertos beneficios recién se publicó en diciembre del 2018.

Este fue un factor que demoró el flujo de inversiones, según Caterina Costa, titular de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Pese a ello, destaca que la Ley sí aceleró el ritmo de inversiones privadas.

Según datos del gremio, la norma viabilizó la firma de 52 convenios de inversión por USD 1 564 millones.

De ellos, 27 se suscribieron entre enero y junio de este año, por USD 626 millones.

La mitad de ese monto corresponde a proyectos en Guayaquil y Quito. Los sectores de acuicultura, manufactura, suministro de agua potable y turismo se beneficiaron de las inyecciones de firmas privadas.

Pero las cifras aún están lejos de las metas iniciales del Gobierno. Pablo Campana, exministro de Producción, dijo que hasta el 2021 se esperaba compromisos por USD 10 300 millones de 137 empresas. Esto significaría una inversión de USD 3 000 millones por año.

El abogado tributario Carlos Licto consideró que para que llegue inversión en las dimensiones esperadas se requieren normas complementarias.

Para Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el establecimiento de una serie de exoneraciones fiscales solo benefició a ciertos subsectores que representan una minoría en el aparato productivo del país. “La Ley debía dar un respiro a todos los sectores”.

Uno de los beneficiados fue la minería, con la eliminación del impuesto del 70% a las ganancias extras en el precio de los metales. La medida impulsó la exploración de proyectos.

Según el especialista minero Santiago Yépez, este impuesto existía solo en Ecuador, lo que creaba una mala percepción y ahuyentaba capitales. “El 53% de la inversión generada en el 2018 correspondió al sector minero, gracias a la Ley”.

La norma también introdujo incentivos para generar vivienda social (hasta USD 70 000), pero para que la norma empiece a generar resultados se requiere simplificación de trámites, comentó el titular de la Cámara Nacional de la Construcción, Silverio Durán.

En cambio, hay sectores como el acuícola, pesquero y agrícola, que esperan que se emita el Decreto para hacer efectivo el beneficio de IVA 0% para la importación y compra de insumos y maquinarias. El pedido lo mantienen desde octubre del año anterior.

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