2 de June de 2009 00:00

‘Congresillo’ hurga el Acuerdo de la Base

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Redacción Política

Cerca de 10  años después de la aprobación del convenio para la utilización de la Base Aérea de Manta por parte de   militares de Estados Unidos,  para el control del tráfico de drogas, los responsables políticos dan su versión ante la Asamblea Nacional transitoria.
    
Ayer acudieron a  la Comisión de Relaciones Internacionales los ex cancilleres José Ayala y Benjamín Ortiz, quienes elaboraron el informe favorable y suscribieron el acuerdo, respectivamente.  
 

Las denuncias
El objetivo  de  las invitaciones a los ex cancilleres  es recabar la información de los actores políticos que viabilizaron la firma del convenio para la utilización de la  Base de Manta.
José Ayala dijo que  el Pleno del Congreso no conoció ni aprobó el Convenio,  porque no considera que el Acuerdo constituya una alianza política ni militar, sino una cooperación internacional.
Los asambleístas   Marcos Martínez, Pilar Núñez y Héctor Gómez revelaron  las graves denuncias de excesos provocados por las tropas estadounidenses respecto de hundimientos de barcos, violaciones a los derechos humanos, desaparición de personas.Marcos Martínez, asambleísta del Movimiento País y  titular de la Comisión, aclaró que los ex funcionarios fueron invitados, mas no llamados a comparecer, porque no tienen la obligación de hacerlo. Dijo que aceptaron acudir, por responsabilidad moral,  para dar su versión del momento histórico y político en que se suscribió el documento. Descartó que se trate de una persecución política.

 El convenio fue aprobado en noviembre de 1999 por la Comisión Parlamentaria de Asuntos Internacionales, que presidió el  socialcristiano Heinz Moeller.  El presidente del Congreso de entonces era el demócrata popular Juan José Pons. Los ex diputados  no acudieron a la invitación. El primero se excusó y será invitado para una nueva fecha. El segundo no envió ninguna justificación.

  Martínez explicó que no están en un proceso de fiscalización ni de auditoría, sino que la invitación es para que aporten con información,  que será agregada  al informe que sobre el tema presentarán al Ejecutivo a mediados de este mes.  

Ese informe, dijo el asambleísta, servirá de base a la comisión especial que conformará el Presidente de la República, de acuerdo con una resolución de  la Asamblea Constituyente. El objetivo de esa comisión, recordó Martínez,  es auditar la utilización de   la Base   por parte de EE.UU y, eventualmente, establecer indicios de responsabilidad.

El asambleísta cree que el convenio es inconstitucional, porque viola la soberanía nacional, al ceder  territorio suprayacente, como el espacio aéreo. “Vamos a tener la precaución de remitir también a la Fiscalía una copia certificada del informe”, adelantó.

   Ortiz defendió la suscripción del convenio. Dijo que “no hay ninguna cesión de soberanía”, y que cada vez que se firma un acuerdo de cooperación con otro país,  se llega a un entendimiento sobre una facultad que en principio es del país y que después es compartida.  “Lo que firmé en noviembre de 1999 fue una contribución a la seguridad del país en el asunto más crítico y más amenazante que tenemos, el tráfico de droga”. 

Además, indicó que él no tiene responsabilidad en  la ejecución del convenio, porque dejó el cargo dos meses después de su  vigencia, en enero de 2000, cuando fue derrocado el ex presidente Jamil Mahuad.

El ex Canciller aseguró que se debe mantener un eficiente control del narcotráfico, a la pregunta de que  si debe continuar la presencia de los militares de Estados Unidos en la Base de Manta. “El Ecuador debe buscar entendimientos con otros países, si no quiere hacerlo con Estados Unidos, para mantener ese control”.

Ortiz no quiso juzgar públicamente que haya intenciones políticas en la invitación de la Comisión de Relaciones Exteriores. “Eso es del fuero privado”.

El ex canciller Ayala, en la reunión a puerta cerrada, según Martínez, reveló que observó, criticó y  protestó por  el incumplimiento y abuso que hubo del convenio. Además, recordó que el Convenio otorgaba facilidades logísticas para que el Gobierno de EE.UU. pueda realizar actividades sobre el control del tráfico ilícito de estupefacientes, y que no fue la entrega de la Base de Manta para que ellos la tengan a su disposición, por lo que existe un error en el manejo de conceptos.

Alfredo Serrano (PSC), ex titular de la Comisión de Asuntos Internacionales, dijo que la invitación a los ex funcionarios no tiene sentido para que informen sobre un asunto que se dio hace 10 años. Por eso, cree que el Gobierno de Rafael Correa busca protagonismo mediático para recordar al país que la partidocracia entregó la Base de Manta a Estados Unidos y, además, para demandar indemnizaciones a ese país por la supuesta violación de los derechos humanos.

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