1 de diciembre del 2019 00:00

¿La representatividad está en disputa en las comunidades rurales?

Francisco Uglla y María Vega, el jueves pasado, cuando el Gobierno entregó urea a los comuneros de Tigua.  Fotos: Modesto Moreta / EL COMERCIO

Francisco Uglla y María Vega, el jueves pasado, cuando el Gobierno entregó urea a los comuneros de Tigua. Fotos: Modesto Moreta / EL COMERCIO

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Modesto Moreta y
Redacción Política

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A 45 minutos de Latacunga está el Centro Cívico de Tigua Huanapamba, en Cotopaxi. Hasta allí, el jueves pasado (28 de noviembre del 2019) arribaron miembros de siete comunidades indígenas.

Los campesinos llegaron con carpetas en sus manos. En su interior había documentos que fueron entregados a un funcionario de BanEcuador que también aguardaba en el sitio. En ese mismo punto, el 24 de noviembre pasado se produjo un cruce verbal entre Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), y miembros de la Policía.

Ese día, luego de que los comuneros salieran de una reunión con funcionarios del Gobierno, el dirigente los abordó en el camino. “No pasó nada, lo que dijo es que debíamos coordinar con las autoridades indígenas, pero no se amedrentó a los funcionarios de las brigadas del Plan Toda una Vida”, explicó Francisco Uglla, integrante de la Unión de Comunidades Autónomas de Tigua, fundada en el 2012.

Uglla narró que BanEcuador ofreció entregar créditos para actividades agrícolas, negocios productivos y otros proyectos comunitarios.

Mientras contaba esa experiencia, un funcionario de Ban­Ecuador, a bordo de un vehículo sin distintivos de la entidad, hablaba con campesinos.

Vargas, el martes pasado (26 de noviembre del 2019) , dijo que la Constitución y tratados internacionales “garantizan que las acciones u omisiones en los territorios indígenas deben ser coordinadas con los líderes legítimos”. Sin embargo, esta norma citada tiene que ver con la justicia indígena y no con decisiones político-administrativas.

Personal del Ministerio de Vivienda ofreció la construcción de casas. También se ceduló a comuneros. Asimismo, se entregaron semillas y 100 quintales de urea. “Entregamos 10 libras de nitrógeno a cada integrante de la organización, la repartición es equitativa”, aseguró María Vega, de la comunidad Tigua Centro.

A pesar de que Uglla migró hace 20 años a Quito, mantiene su vivienda y su terreno en producción en Chimbacucho. Sus familiares siembran papas, maíz y otros productos, pese a que no hay agua de riego.

Recordó que el domingo se reunieron en el Centro de Capacitación, pero cuando salían se interrumpió su paso. “Nos dijeron que debíamos pedir autorización para ingresar. No podemos hacerlo. Somos dirigentes de la Unión de Comunidades Autónomas de Tigua”.

El gobierno autónomo de la Circunscripción Territorial Indígena de Tigua fue creado por Lourdes Tibán y Raúl Ilaquiche. Uglla contó que no los convocaban a las reuniones.

Por ello, en el 2012 formaron la Unión de Comunidades de Tigua. “Nos dicen que no representamos a nadie, pero eso es falso, representamos a más de 600 personas”, sostuvo.

Al respecto, Lourdes Tibán, dirigente del Movimiento Indígena, señala que la Circunscripción Territorial es una Organización de Segundo Grado, y Tigua es una de ellas. 

Moradores de siete comunidades de Tigua conversaron el jueves último con funcionarios de Ban­Ecuador. Foto: Modesto Moreta / EL COMERCIO

Moradores de siete comunidades de Tigua conversaron el jueves último con funcionarios de Ban­Ecuador. Foto: Modesto Moreta / EL COMERCIO


Según la exlegisladora, esta no depende de recursos del Estado y tampoco es elegida por voto popular sino por autodeterminación. Agrega que cuenta con una directiva y su función es “velar por el bien de su gente y coordinar para que lleguen proyectos de las prefecturas, alcaldías, ONG”.

Añadió que participan en las asambleas de la Conaie y del Movimiento Indígena de Cotopaxi (MICC). Según Tibán, si algún ente gubernamental desea ingresar con proyectos, debe coordinar las acciones con la dirigencia.

Esta dinámica de la actuación de los dirigentes indígenas dentro de sus comunidades es para Adriana Rodríguez, docente e investigadora de la Universidad Andina, una característica muy arraigada de la que dependen estos conjuntos para funcionar.

Diego Paredes, especialista en derecho público, reconoce que en cada comunidad hay una estructura organizacional. Pero dice que son instancias de hecho y en su gran mayoría, incluso, no están registradas ni en la propia Conaie. “Están pidiendo que todo pase por su filtro, cuando puede haber comunidades indígenas que no son afines a la Conaie”.

Consultado acerca de que la comunidad de Tigua se califique como circunscripción territorial indígena, el subsecretario de Pueblos, Nacionalidades y Movimientos Sociales, Luis Maldonado, fue enfático en desestimar esta situación. “En Ecuador no hay ninguna circunscripción territorial. Eso requiere todo un proceso”.

En el país, solo hay cuatro comunidades que han iniciado este trámite: Arajuno (Pastaza); Ahuano, Wami Loreto y Chunda Punda (Napo). Todas ellas presentaron un estatuto y recogieron el 10% de las firmas de los votantes de estos sectores. Maldonado explica que el trámite está varado desde el 25 de septiembre del 2012, en la Corte Constitucional (CC), organismo que debe revisar si los estatutos son compatibles con la Carta Política del Estado.

Si se pronunciara la CC, el trámite debería pasar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que implemente una consulta popular en la que la iniciativa deba conseguir las tres cuartas partes de los votos para que se implementen las circunscripciones. Cada comunidad decide su forma de gobierno, si es con “un presidente, un curaca o un consejo de curacas”, agrega Maldonado.

La autoproclamada Circunscripción Territorial Indígena de Tigua advirtió que no permitiría el acceso a brigadas del Gobierno si no se coordina con los “verdaderos dirigentes”. Mientras tanto, María Vega, de la comunidad Tigua Centro, ingresó un formulario en BanEcuador para un crédito de USD 10 000. Ella espera con ansias la respuesta.

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