Marco Arauz Ortega. Subdirector
Hay muchas razones éticas y políticas para oponerse a la conformación de cualquier organización paraestatal con la cual se pretenda defender a un proyecto político en el poder, pues lo normal es que un gobierno se sostenga con una gestión exitosa.
El anuncio presidencial encendió una polémica que ha sido objeto de interminables precisiones del Gobierno. Al final del día, no quedan dudas de que se trata de comités para sustentar al movimiento en el poder, pero que su mantenimiento está conectado a la ejecución de programas sociales.
Estos no pueden manejarse como propios para tejer redes clientelares, pues se alimentan del presupuesto del Estado. Nadie duda de que los beneficiarios preferenciales de las políticas gubernamentales serán -y desde ahora mismo son- quienes apoyan los comités. Empleos, becas al exterior, bonos, son algunos de los métodos para el reclutamiento.
Por lo demás, mientras algunas autoridades sostienen que los comités se autofinancian, hay quienes han cuantificado en unos USD 150 mensuales el sostenimiento de cada uno. Si esa cifra se multiplica por el millón de comités a los que según el asambleísta César Rodríguez el movimiento oficialista aspira a llegar, es fácil darse una idea de lo que puede llegar a costar un plan como este.
Siempre se podrá decir que el clientelismo es un modo de cumplir con el electorado; los ejemplos en la historia política ecuatoriana sobran. Pero que tal acción esté condicionada a respuestas ciudadanas a favor del Gobierno nos vuelve, inevitablemente, no solo al tema económico sino al tema ético en el manejo de lo público.