28 de noviembre de 2020 12:19

Comité Interinstitucional del Mar se reorganizó con un Decreto; Ministerio de Relaciones Exteriores liderará instancia

El Comité Interinstitucional del Mar estará presidido por la Cancillería. Además, tendrán participación los ministerios de Defensa, Ambiente, Producción y Transporte, así como las secretarías de Educación Superior (Senescyt) y Planifica Ecuador. Foto: Arc

El Comité Interinstitucional del Mar estará presidido por la Cancillería. Además, tendrán participación los ministerios de Defensa, Ambiente, Producción y Transporte, así como las secretarías de Educación Superior (Senescyt) y Planifica Ecuador. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Andrés García

El Comité Interinstitucional del Mar fue reorganizado vía Decreto Ejecutivo 1197. El presidente Lenín Moreno reformó este cuerpo colegiado de la Función Ejecutiva creado en el 2012 y encargado de la coordinación de la política pública intersectorial del mar.

El Comité estará presidido por la Cancillería. Además, tendrán participación los ministerios de Defensa, Ambiente, Producción y Transporte, así como las secretarías de Educación Superior (Senescyt) y Planifica Ecuador.

Según el Decreto, suscrito el 26 de noviembre del 2020, el Comité tendrá entre sus atribuciones la articulación de políticas nacionales relativas al espacio marítimo, así como aprobar e implementar la Agenda Intersectorial del mar.

Este plan deberá ser elaborado por la secretaría Planifica Ecuador. La Cartera de Defensa, en cambio, se encargará de resguardar la soberanía nacional y controlar la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, en su calidad de “Policía Marítima”.

También se dispuso que el Instituto Oceanográfico de la Armada efectúe los estudios técnicos para que el Comité del Límite Exterior de la Plataforma Continental, impulse la definición del límite exterior de la plataforma continental ecuatoriana, más allá de las 200 millas marinas.

Esta medida se ajusta a las acciones impulsadas por el Gobierno, para hacer frente al incremento de actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

A inicios de noviembre, los cancilleres de Ecuador, Colombia, Chile y Perú suscribieron una Declaración, en la que evidencian su preocupación por la presencia de flotas pesqueras de bandera internacional que pondrían en riesgo la conservación y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos del ecosistema marino “más allá de sus aguas jurisdiccionales”.

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