El CNE todavía no recibe 1 139 cuentas de campaña
En la sede del Cossfa existen cubículos para movimientos nacionales, pero no los usan. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
En el excomisariato de las Fuerzas Armadas (Cossfa), ubicado en el norte de Quito, se encuentra la Dirección de Fiscalización y Control de Gasto del Consejo Nacional Electoral (CNE). En esa instancia, y en las 24 delegaciones provinciales del ente, se analizan los balances de cuentas de campaña correspondientes a los comicios seccionales de marzo.
En total, el organismo electoral debía recibir 11 150 expedientes, correspondientes a cada dignidad (prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales). Sin embargo, hasta el 2 de septiembre se presentaron 10 011 balances.
El plazo legal para entregar esta documentación ya expiró. Las organizaciones políticas debían presentar sus informes 90 días después de las elecciones. Luego, el CNE, acorde a la Ley, estableció dos prórrogas de 15 días. Sin embargo, aún no se presentan 1 139 informes.
En esos documentos, los responsables del manejo económico de las organizaciones políticas debían precisar el monto de los aportes privados recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, así como el listado de contribuyentes.
El CNE estableció un límite máximo de gasto electoral para todas las dignidades, que ascendió a USD 12,08 millones.
Además en cada expediente debe constar, por separado, las subvenciones otorgadas por el Estado para el financiamiento de los partidos políticos. Para las recientes seccionales se estableció un fondo de promoción electoral, que bordeó los USD 35 millones.
Por ahora, el CNE no tiene certeza de cuánto dinero privado se usó en los comicios del 24 de marzo pasado.
Ana Francisca Bustamante, directora Nacional de Fiscalización del CNE, respondió a EL COMERCIO que una vez que se concluya el examen de los 10 011 expedientes presentados, se establecerá el monto empleado por cada organización política en la campaña.
Para hacerlo, el CNE revisó el número de especialistas disponibles en cada una de las 24 delegaciones provinciales.
¿Qué pasa con los expedientes faltantes? Si los tesoreros o responsables económicos de cada movimiento no presentan los balances, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), puede iniciar procesos sancionadores, por una posible infracción electoral.
Actualmente, el Tribunal ya notificó la apertura de 298 expedientes de este tipo. De ellos, 104 se iniciaron en Cotopaxi.
Los jueces electorales tienen 30 días para sustanciar estas causas. La sanción que podrían recibir los responsables del manejo económico es la pérdida de los derechos políticos por un año y una multa que podría llegar a diez salarios básicos (USD 3 940).
La ausencia de la totalidad de balances de campaña sale a flote, en medio de las investigaciones sobre el caso Sobornos 2012-2016, por presuntos aportes irregulares de empresas a Alianza País, a cambio de contratos con el Estado.
Además, el CNE se enfrenta a los primeros episodios de presunta campaña anticipada, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas que se realizarán en febrero del 2021.
Actualmente, el Código de la Democracia no establece sanciones específicas para el proselitismo anticipado y, por ello, se pide incorporar ese tema en las reformas electorales.
Mientas en el Legislativo se discuten esos cambios, el líder de Creo, Guillermo Lasso, difundió un video publicitario en el cual habla de innovación, generación de empleo y emprendimiento. Además, aceptó que buscará llegar a la Presidencia por tercera ocasión.
Otros actores políticos también efectúan recorridos, difunden encuestas y barajan nombres de cuadros para buscar la Presidencia en el 2021.
Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, considera que el CNE sí estaría facultado para tomar acciones frente la campaña anticipada, pero cree que se requiere voluntad política. “El candidato presidencial debe salir de un proceso de democracia interna, pero acá hay precandidatos que ya difunden sus propuestas”, reparó.
El consejero de minoría, Luis Verdesoto, cree que se debe diferenciar lo que es la propaganda electoral como tal, del debate ideológico, que según dijo, no está prohibido.
En las elecciones pasadas, el CNE anunció que la campaña anticipada sería descontada del fondo de promoción, previsto para cada dignidad.
Pero Enrique Pita, vicepresidente de la entidad, aseguró que eso no se ha efectuado.
