13 de diciembre de 2019 00:00

Para los familiares de Javier, Paúl y Efraín, el caso no termina con el informe de la CIDH

Ayer, en Washington, los familiares del equipo de prensa recibieron el informe final. Foto: Jorge Imbaquingo / EL COMERCIO

Ayer, en Washington, los familiares del equipo de prensa recibieron el informe final. Foto: Jorge Imbaquingo / EL COMERCIO

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Jorge R. Imbaquingo
desde Washington

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La sesión finaliza y es inevitable que los sentimientos se crucen. ¿Se ha terminado todo? ¿Qué hacer con lo que resta todavía: las investigaciones inconclusas, la desclasificación de los documentos, el arreglo periódico de las tumbas de Paúl, Javier y Efraín? Las preguntas acosan a los familiares del equipo periodístico caído en la frontera con Colombia. Pero quedan en un limbo cuando resuenan las palabras finales de la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena: “Esto sigue adelante”.

Ayer 12 de diciembre del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró oficialmente en Washington, EE.UU., los resultados de la investigación del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) que indagó las circunstancias del secuestro y la ejecución del equipo periodístico de EL COMERCIO, que en marzo del 2018 cubría la conmoción de los atentados del grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana.

El informe dice, entre otras cosas, que el Estado los dejó a su suerte al permitirles pasar a Mataje, en Esmeraldas.

La sesión transcurre en la sala Gabriela Mistral de la Organización de Estados Americanos. Hasta allí llegan los delegados de los gobiernos de Ecuador y Colombia. Saludan con los familiares del equipo. Hay apretones de manos. Sonrisas apretadas también. La tensión es constante.

Cuando se abre la puerta de la sala, los comisionados de la CIDH toman los puestos directivos y a la derecha se ubican los representantes de los gobiernos, mientras que a la izquierda toman asiento los familiares. Hay miradas que se cruzan con lo que parece ser una carga de pesar o apuro para que esto termine lo más rápido posible, todo depende si provienen de la derecha o de la izquierda. El que menos mira a los embajadores es Galo Ortega, padre del asesinado periodista Javier Ortega.

Su silencio se debe a que en la entrada del edificio de la OEA no le dejaron pasar el cartel de #Nosfaltan3, que lo acompaña siempre. A veces toma su cámara y dispara unos pocos encuadres, pero la mayoría del tiempo pasa con la mirada baja.

La delegación de Ecuador dice que la creación del ESE fue un acierto y, según el subsecretario de DD.HH., Juan Pablo Morales, “el informe ha sido trasladado a las autoridades pertinentes y habrá el seguimiento adecuado”. Los funcionarios nacionales dejaron claro que el ESE fue financiado por el Gobierno.

La posición de Colombia es menos condescendiente con el informe. El embajador de ese país ante la OEA, Alejandro Ordóñez, es enfático en decir que el grupo de seguimiento del caso excedió las funciones para las que fue creado. Dijo que no le correspondía dar recomendaciones y que hay información que pone en riesgo las investigaciones penales en su jurisdicción.

Mientras habla el diplomático colombiano, en la pared de la sala subterránea se proyectan fotos de Paúl Rivas. La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, ve una foto que muestra la carretera en Mataje, que cruza el lado ecuatoriano y que iba hacia la nada. Luego hace un ademán de indignación.

Juan Pablo Albán, abogado de los perjudicados, interviene y resume lo que ha sucedido. Explica que la visión del Estado ecuatoriano es creer que con la presentación del informe finaliza todo, mientras que la de Colombia ha sido refutar los alcances y la metodología del documento final. Solicita que las medidas cautelares no terminen con la presentación del informe.

Esmeralda Arosemena toma la palabra. “Para concluir, quiero expresarles a todos el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con este informe, voy a garantizarlo: no va a quedar en el aire ni en la nada.
He visto una fotografía que conozco, de la carretera que queda en un salto al vacío… pues les digo que el informe no quedará en la nada”.

Hay la promesa de que esto no ha finalizado aún. Juan Pablo Albán dice que las medidas cautelares no se han extinguido, pues “el párrafo 21, letra c de las resolución de las medidas establece que los gobiernos deben tomar acciones para determinar a los responsables”. Esa es su esperanza como parte del proceso.

Ricardo Rivas, hermano del fallecido Paúl, que ha trabajado en Chile como profesor en los últimos seis meses, dice que la promesa de la presidenta Arosemena le da esperanza para retomar su lucha.

A su lado está Yadira Aguagallo, quien fuera novia de Paúl. Ella cree que esta situación le ha llevado a cuestionarse todo en su vida, ahora sabe que este capítulo de su historia sigue y no finaliza.

Galo Ortega, en cambio, dice que sueña en seguir adelante con su vida y retomar la fotografía que es la pasión que le unió con su hijo, con el periodista ejecutado por disidentes de las FARC. En su mano tiene el carné de prensa de su hijo y en un acto de agradecimiento va hacia uno de los comisionados que investigó el caso y se lo entrega.

Los dos no lo pueden evitar. Las lágrimas son un testimonio de una lucha que se confiesa difícil de desvanecerse.

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