En la Plaza Italia, en pleno centro de Santiago de Chile, lugar donde se festejan los triunfos deportivos, políticos y sociales, los chilenos salieron a celebrar el martes 7 de diciembre la aprobación del matrimonio igualitario.
Fueron cuatro años de espera para que la ley, presentada en 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet, sea tramitada en el Congreso bicameral. Lo que aceleró su aprobación fue el pedido, en julio, del gobernante Sebastián Piñera, de destrabar la aprobación de esta iniciativa.
El Presidente, que cumple su segundo mandato en el país minero, dijo que había “llegado el tiempo” de aprobarlo, anuncio que sorprendió al ala más conservadora de la derecha política del país, que había logrado alargar al máximo
la discusión.
Piñera buscaba ablandar la imagen de la férrea derecha chilena, luego del estallido social que arrancó en octubre de 2019, por protestas de estudiantes ante el alza del precio de los pasajes, y que dejó 34 muertos y unos 3 400 heridos.
El apoyo de Piñera a una lucha tradicional de la izquierda y de los sectores progresistas chilenos se da a la luz de dos procesos que vive el país, la redacción de una nueva Carta Magna y las elecciones presidenciales.
En el primer caso, las manifestaciones consiguieron que se iniciara un proceso constituyente que tiene como fin redactar una nueva Constitución y desechar la que está vigente desde 1980 y que fue elaborada bajo la mirada de Augusto Pinochet.
En lo referente a la elección del sucesor de Piñera, Chile deberá elegir entre el candidato ultraconservador José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, tras la primera vuelta electoral del 21 de noviembre.
En un resultado que demuestra la polarización chilena, Kast obtuvo el 27,9% de los votos (1,9 millones), mientras Boric logró el apoyo del 25,8% de los votantes (1,8 millones).
En la primera vuelta participaron apenas el 47,3% de las personas empadronadas. Chile es visto por la comunidad internacional como uno de los países más conservadores de la región, en parte debido a la fuerte presencia e influencia de la Iglesia Católica.
El divorcio es legal en este país apenas desde el año 2004, mientras que el derecho al aborto está contemplado desde 2017, pero solamente en casos de inviabilidad fetal, por riesgo de la vida de la madre o por violación.
“Para nosotros, el matrimonio es entre un hombre y una mujer”, dijo Kast una vez que se dio la aprobación del matrimonio igualitario.
Cuando se le preguntó si en su plan de Gobierno, en caso de ganar las elecciones, contemplaba la abolición del matrimonio igualitario, señaló “soy un hombre de convicciones, pero también soy un hombre demócrata”.
En la otra orilla, Gabriel Boric señaló que “a pesar de la resistencia de quienes no creen en la libertad, se reafirma que el amor es amor”.
Señaló además a las diversidades y disidencias que “en nuestro gobierno estarán seguras y tendrán pleno reconocimiento de sus derechos”.
El tema de los derechos de las minorías es una de las tareas pendientes en Chile. El matrimonio entre personas del mismo género es una lucha de más de cuatro décadas para organizaciones como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que calificó a la aprobación del matrimonio igualitario como “un paso histórico, revolucionario, que cambia la historia de país”.
Óscar Rementería, vocero de Movilh, señaló que la ley, que fue promulgada el viernes 10 de diciembre, es “el único
legado importante del presidente Piñera”.
Antes de que se apruebe la ley, y recién desde 2015, las parejas del mismo sexo solamente podían unirse bajo la figura legal del Acuerdo de Unión Civil (AUC), que no admitía la posibilidad de que se reconozcan los hijos en común.
Las ceremonias de matrimonio de las parejas homosexuales eran simbólicas y el tema patrimonial que brinda un matrimonio se solucionaba haciendo una “sociedad comercial”, en la que los dos miembros de la pareja eran socios y se garantiza que los bienes queden en poder de uno de ellos, si el otro llegaba a fallecer.
Al promulgar la ley, Chile se convirtió en el octavo país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario.
La unión entre personas del mismo género fue aprobada recientemente en Costa Rica y Ecuador; Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y varios estados de México llevan años ejerciendo este derecho.