Felipe Asanza Miranda
Hay que felicitar el fallo a favor de Teleamazonas que emitió la Corte Provincial de Pichincha; pues eso demuestra una vez más que la justicia no puede ni debe estar politizada ni caer en manos de los detentadores del poder y que la libertad de expresión es un derecho inalienable de todo ser humano.
Pero resulta sumamente absurdo que ante esta decisión que es inapelable, el Estado pretenda interponer una acción extraordinaria de protección, cuando esta última es una medida de hecho que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y que podrá ser aplicada cuando exista vulneración de los derechos fundamentales o incluso ante la amenaza de afectación, y constituye una garantía únicamente para las personas naturales (los ciudadanos) que ante acto u omisión de autoridad pública no judicial, o ante políticas públicas ilógicas, se encuentren en estado de subordinación, indefensión o discriminación.
¿Acaso queremos personalizar al poder o convertir las leyes y la Constitución en instrumentos de la “autoridad personal”? ¿Preferimos entonces una “maquiavélica razón de Estado” en vez de la garantía efectiva de las leyes y la Constitución?
Con mucha razón, Remusat decía: “Solamente en los pueblos donde existe plena libertad política, como garantía de la libertad civil, puede decirse que el ciudadano es libre y que vive en un Estado que defiende la justicia y es garantista de derechos”.
La libertad es un concepto unitario acerca de una realidad integral, efectiva y que constituye una verdadera categoría ética. Tiene su órbita o recinto, cuyo contorno sirve al mismo tiempo de muralla y de límite, opuesto al poder político que dispone de la fuerza.
Hay que luchar por nuestros derechos y nunca permanecer en silencio, pues “dondequiera que se quemen libros, medios de comunicación y periódicos, más tarde o más temprano también se quemarán hombres y se negará la libertad”.
¡Que el Ecuador no lo permita!