29 de septiembre de 2020 00:00

291 personas son rastreadas por carnés de discapacidad; Fiscalía tiene 47 investigaciones abiertas

Funcionarios de este centro de salud, en el sur de Guayaquil, son investigados por los carnés irregulares. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Funcionarios de este centro de salud, en el sur de Guayaquil, son investigados por los carnés irregulares. Foto: Archivo / EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 6
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 1
Contento 21
Fernando Medina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tres meses después de iniciadas las indagaciones, cinco fiscales que rastrean irregularidades en la entrega de carnés de discapacidad en el país ya tienen los primeros datos sobre la magnitud de estos hechos.

Un informe judicial muestra que los agentes siguen la pista de 291 personas que tendrían algún grado de participación.

En poder de los judiciales están 47 expedientes abiertos en las 24 provincias. En esos procesos se indagan delitos como defraudación tributaria, delincuencia organizada, asociación ilícita y aquellos que van en contra de la fe pública.

Con base en los datos recabados hasta ahora, Fiscalía dice que en el país se conformaron “verdaderas redes y organizaciones delincuenciales” para entregar los carnés a cambio de beneficios económicos que superan los USD 3 000 por la entrega de cada documento.

Uno de los primeros casos se conoció el 1 de julio pasado. Ese día, la Policía montó un megaoperativo en Guayaquil y Samborondón. 10 inmuebles fueron allanados y seis personas quedaron detenidas.

En esa operación salieron a la luz indicios de cómo se ofertaban las credenciales por medio de las redes sociales.

Tres meses después, los seis detenidos fueron liberados.
Ahora son monitoreados con grilletes electrónicos, tienen orden de presentarse cada semana en los juzgados y tienen prohibida la salida del país.

Entre los 291 indagados también están personas naturales, funcionarios públicos, médicos, personal administrativo de Direcciones de Salud y hasta autoridades con fuero de Corte Provincial y Corte Nacional. Es decir, quienes ocuparon altas dignidades.

Los nombres de los sospechosos, en su mayoría, están en reserva. Esto ocurre porque la Fiscalía admite que las investigaciones permanecen en una primera fase.

Pero los agentes indican que eso no significa que no serán procesados en el futuro y que al momento aún recopilan evidencias para las audiencias.

En el caso de Daniel Salcedo, su hermano Noé y uno de sus amigos, los investigadores no descartan que las credenciales sean fraudulentas.

A través de este seguimiento se pudo conocer que funcionarios de dos centros de salud del sur de Guayaquil colaboraban para la entrega irregular de los documentos. Las pesquisas señalaron que con los carnés pudieron importar vehículos de alta gama con beneficios.

Los tres aún no son parte de un proceso judicial en firme.
En el archivo digital de la Función Judicial no hay registros de causas relacionadas con los carnés de discapacidad y los hermanos Salcedo.
Igual ocurre con una doctora en medicina que emitió el carné de Daniel Salcedo.

Ella enfrentó una investigación administrativa. Algo similar sucedió con otros dos médicos que también firmaron credenciales. Los especialistas fueron separados de sus funciones. Ahora, los agentes fiscales verifican los documentos que ellos autorizaron. El mismo procedimiento lleva adelante el Ministerio de Salud.

La entidad revisó cerca de 5 000 carnés que presentaban indicios de irregularidades. De esos, 2 000 ya fueron suspendidos y enviados a los fiscales.

Luis Francisco Contreras, director de Discapacidades, detalló ayer 28 de septiembre del 2020 en Ecuavisa que en el momento envían a los agentes todos los respaldos sobre las anomalías encontradas.

“Los profesionales que han sido calificadores de la salud están con denuncias en la Fiscalía. (En) ciertos ciudadanos no hemos hallado el expediente que justifique (el carné) o los exámenes complementarios o las pruebas de laboratorio”.

Las autoridades sanitarias presentaron 40 denuncias respecto a las credenciales sospechosas. La mayoría está en Guayas, Manabí y Los Ríos.
Las personas que pagaron para obtener los documentos también son rastreadas.

La Fiscalía los ubica con los datos proporcionados por el Ministerio de Salud y el Instituto de Seguridad Social (IESS).

Otra fuente de información son los registros tributarios y los papeles de importación de mercaderías.

Así se conocerá a detalle cómo se perpetró la defraudación tributaria. Los nombres de asambleístas y otras autoridades también se verifican.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (21)
No (0)