20 de febrero de 2020 00:00

Exviceministro dice que red que vendía cargos lo extorsionó

ayer, el fiscal César Suárez (centro) acudió al Complejo Judicial Norte, en Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Ayer, el fiscal César Suárez (centro) acudió al Complejo Judicial Norte, en Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Un exviceministro se identificó ante la Fiscalía como víctima de la supuesta red criminal, por la que fue detenido José Tuárez , expresidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Ayer 19 de febrero del 2020, el exfuncionario entregó su testimonio anticipado. La declaración fue grabada en la cámara de Gesell, en el Complejo Judicial del Norte de Guayaquil.

El fiscal César Suárez, y la abogada de Tuárez, Teresa Rivas, escucharon la narración.

El exviceministro dijo que fue presionado por una mujer que ahora está detenida y que ha sido identificada como la líder de la organización.
Según este testigo, ella le habría solicitado USD 200 000 porque, según la mujer, su cargo se lo debía a ella. Él recordó que la sospechosa le advirtió que, si no entregaba la suma, lo expondría públicamente.

El testigo aclaró que ocupó esa función pública gracias a sus méritos y que por eso decidió colaborar con la justicia. En ese viceministerio estuvo desde el 25 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2019.

Para el fiscal Suárez, este testimonio revelaría el modo de operar de la supuesta red criminal conformada por 33 personas, quienes fueron detenidas el pasado 28 de noviembre.

“Según las investigaciones, esta mujer dirigía la operación ilícita”, dijo ayer el fiscal.

La semana pasada, la mujer pidió que se le sustituya la prisión, pues tiene 64 años y, según ella, padece de una enfermedad catastrófica. Esa solicitud fue negada y actualmente se encuentra presa.

Para mañana, la Fiscalía espera recoger los testimonios de otras dos personas, quienes también se han identificado como víctimas.

Una de ellas es Eduardo C., quien realizó la primera denuncia sobre esta red, el 19 de septiembre del año pasado. El testigo ya ha sido convocado en dos ocasiones anteriores, pero no se ha presentado.

La segunda persona es José L., quien afirmó haber recibido dinero de un colaborador de Tuárez por la compra de cargos públicos. Se prevé que estas declaraciones también sean grabadas en audio y video, dentro de la cámara de Gesell. Para la Fiscalía es una estrategia, pues con la grabación ya no es necesaria la presencia de las víctimas en las siguientes etapas del juicio.

Además, el próximo martes se cierra la fase de instrucción, que es el tiempo del cual dispone la Fiscalía para recoger evidencias contra 28 personas que quedan en el caso. El resto, cinco, ya recibieron sentencia.

Ellos se acogieron a un procedimiento abreviado. Esta es una figura legal a través de la cual los imputados aceptaron su responsabilidad, a cambio recibieron una condena reducida de un año de cárcel. La condición para aplicar este recurso es que ellos no apelen en las próximas instancias.

Además de este beneficio, el pasado 7 de enero, los sentenciados, fueron trasladados del CDP de Guayaquil a la Cárcel 4, en el norte de Quito, donde completarán su pena.

Según Fiscalía, estas personas ejercían roles como intermediarias. Buscaban a los posibles candidatos para ocupar los cargos, pedían dinero y se reunían en hoteles de lujo, para luego afinar detalles entre todos los miembros de la red.
Uno de los sentenciados admitió que él ofertaba cargos en la Dirección de Aviación Civil.

Dependiendo del puesto, ellos pedían entre USD 4 millones y USD 20 millones; y una vez posesionada la persona, favores políticos. Además, los extorsionaban para conseguir otros cargos y para no exponerlos públicamente.

Rivas, la abogada de Tuárez, aseguró que estas personas usaban el nombre de su defendido “como una palanca” para conseguir los cargos dentro del Ministerio de Salud, Aviación Civil y el Servicio de Aduanas del Ecuador, “pero que eso no significa que Tuárez estuviera involucrado”.

Y agregó que: “Lo único que usa la Fiscalía como vinculación es una supuesta reunión entre un denunciante y mi cliente, en dos hoteles de Quito, para discutir sobre una supuesta entrega de dinero. Pero eso es totalmente falso”.

Mientras avanza la investigación, el ex funcionario está en el Centro de Detención Provisional de Guayaquil. Mañana está previsto que sea trasladado al Laboratorio de Criminalística para que participe de una audiencia de extracción de información. La pericia consiste en reproducir audios y videos de los 56 teléfonos celulares que fueron incautados en el operativo de captura.

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