El fin a la enseñanza de las materias de Historia y la Geografía del Ecuador, ahora con la última reforma educativa fusionada en ciencias, y la ausencia de ayuda oficial a la Academia Nacional de Historia reflejan el cambio de época, señalada por reconocidos historiadores. Pese a la enorme inversión y la existencia de recursos en exceso para otros sectores, por importantes y destacados que sean, la Academia inauguró la Biblioteca Jacinto Jijón y Caamaño, pero lo curioso de todo se concretó con la ayuda de España, que destinó 100 000 euros, que fue agradecido a su diligente embajador, Federico Torres. Apoyo para la adquisición de libros y el sistema informático.
La Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo impulsó el proyecto, que les permitiera elaborar una base de datos y la adquisición de unos 15 000 libros, que forman parte de su hemeroteca. Sin esta ayuda externa hubiese sido imposible emprender esta tarea. Por ello la crítica de su presidente, el historiador y ex ministro de Educación, Juan Cordero, y la necesidad de hacer rectificaciones en un momento de crisis de valores.
El hecho no queda solo en esto; al final España le puso la plata. La mayor queja -a la que se han sumado reconocidos historiadores e incluso quienes han defendido tesis oficiales- ha sido la eliminación de las materias de Historia y Geografía, dentro de la reforma educativa plasmada en la reciente Ley de Educación Intercultural y que fusiona en el bachillerato en ciencias.
La discusión de los símbolos nacionales, de lo propio, de lo que nos identifica y nos une quedó afuera. Por ello historiadores reclamaron el error y la contribución a tratar de borrar el elemental sentido de pertenencia, que constituye una obligación en los jóvenes estudiantes, más allá de la dinámica de los cambios necesarios, los avances fundamentales e incluso las sugerencias de organizaciones mundiales de la educación. Por ello, el desconcierto de qué somos, qué queremos y a dónde vamos como pueblo.
Estos son los temas que deben obligar a priorizar la agenda nacional, más allá de la permanente convocatoria a las urnas. Ahora se reivindica la participación ciudadana en el sufragio cuando antes se reclamó mayor espacio y por ello crearon en la Constitución de Montecristi hasta una Función de Transparencia y Control Social, con el Consejo de Participación Ciudadana a la cabeza, para que haya una permanente acción ciudadana, que hasta ahora ha sido muy pobre.
Se está perdiendo el norte y la paciencia cuando a la primera señal contraria a la propuesta oficial se interviene directamente y se ordena la detención con el argumento de injuriar a la autoridad cuando la respuesta a la disidencia y a una actitud contraria recibe insultos, mal trato, furia y cárcel, en una actitud intolerante y antidemocrática.