María Fernanda Garza (izq.), coordinadora de la Cámara de Comercio Internacional para las Américas, y Javier Zepeda, coordinador para Guatemala de la entidad, conversaron con EL COMERCIO sobre las experiencias de otros países instalando comisiones de integridad. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Ecuador, no es noticia, es un país caracterizado por una corrupción generalizada; desde los niveles más bajos de los puestos públicos hasta los directorios de grandes empresas nacionales e internacionales y altos funcionarios de Gobierno. Según el índex de Transparencia Internacional, el país recibe una puntuación de 34 sobre 100, siendo 100 el puntaje ideal de un país sin corrupción.
De hecho, a nivel latinoamericano, el ránking es muy pobre. En el mapa, solo Uruguay y Chile tienen una calificación por sobre los 50 puntos. Los peores evaluados en la región son Venezuela y Haití (18 y 20 puntos, respectivamente).
En este contexto, la Cámara de Comercio Internacional (ICC), vio la necesidad, desde la década del 1970, de tratar temas relacionados a las malas prácticas entre las empresas a escala global. “La corrupción no te permite tener un piso parejo para el desarrollo de los países”, considera María Fernanda Garza, coordinadora regional de la ICC para las Américas, “ni tener una competitividad adecuada o crecer bajo un Estado de Derecho que sea justo e igualitario para todos”.
En 1976, la entidad comenzó a tomar en cuenta “la importancia de generar reglas y normas que regularan esto. En 1979, sacamos el primer reglamento para las empresas, para establecer sistemas de cumplimiento y gobernanza corporativa. Muchos países decidieron adoptarlo en sus empresas y son aquellos países que hoy en día se encuentran en los primeros lugares dentro del índice de Transparencia Internacional”, agrega Garza.
El campo de acción de las comisiones se divide en tres partes, comenta Javier Zepeda, coordinador de ICC para Guatemala y gestor del proyecto Guateíntegra: “la concientización, la denuncia (eso es algo que en nuestros países cuesta mucho; vemos pasar cosas por todo lado, pero no tenemos la cultura de la denuncia) y la sensibilización acerca del impacto negativo que causa en la población y en el país”.
El proyecto “tiene tres públicos”, agrega Zepeda. “Empresarios (dueños de empresas, miembros de las juntas directivas, colaboradores y familias de los colaboradores), jóvenes universitarios y niños; porque creemos que la verdadera forma de eliminar con profundidad o, por lo menos, reducir la corrupción está en las nuevas generaciones”, estima.
Para María Fernanda Garza, abordar la corrupción como sociedad tiene que pasar por un consenso de entendimiento. “Anteriormente, llevamos mucho tiempo discutiendo y señalando a las autoridades de que ellos eran los responsables de la corrupción, mientras las autoridades nos señalaban a nosotros”. La realidad, dice, “es que cada quien debe poner su parte y colaborar con la otra para poder evitar el problema”
Con este programa, “no podemos asegurar que el 100% de nuestros colaboradores van a ser impolutos”, se lamenta la coordinadora de ICC para las Américas. “Pero sí podemos, desde las juntas directivas, asegurarnos de que exista el mandato de que la empresa va a ser íntegra.
La principal acción que promueven las comisiones alrededor del mundo es la capacitación. Para Garza, es crucial “identificar las diferentes formas de corrupción que ya son normalizadas en nuestras sociedades: el conflicto de intereses, el abuso de poder… Tienes que explicarle a tus colaboradores con ejemplos muy concretos y claros de qué es lo que se puede y qué no”.
“Si un policía te para porque te pasaste un alto, le das USD 10 y con eso te evitas la multa; eso lo identificamos plenamente como un acto de corrupción” ejemplifica Garza. Pero “no consideramos corrupción el hecho de que yo tengo una cierta posición y tengo que hacer ciertas compras, entonces no tengo un proceso para identificar quién es el proveedor más adecuado con el mejor precio y el mejor servicio, sino simplemente se lo asigno a mi hermano, a mi primo o a mi compadre. Eso también es corrupción”.
“También es corrupción que las empresas se pongan de acuerdo para fijar precios en el mercado” asegura Garza, refiriéndose a la colusión. “O el hecho de que se dividan el mercado y digan: ‘Yo me llevo este proyecto, tú te llevas el otro y así todos ganamos’. Tenemos que aprender a hacer negocios limpiamente. Y es muy importante que dentro de las empresas se capacite a los trabajadores, pero también se establezcan reglas y procesos claros para detectar este tipo de actos”, asegura.
Tanto María Fernanda Garza como Javier Zepeda estuvieron presentes en la presentación oficial de la Comisión de Integridad y Anticorrupción (CIAN). La entidad será presidida por el abogado Bruce Horowitz y María del Carmen Salgado y Carlos Loaiza estarán en la vicepresidencia. 24 miembros más, representantes del sector privado, la academia y las organizaciones civiles conformarán la comisión. El lanzamiento de la iniciativa se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Quito, la mañana de este viernes 15 de febrero de 2019.