22 de June de 2009 00:00

Burla electoral

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Benjamín Rosales

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El domingo 14 de junio, los ecuatorianos fuimos convocados para elegir parlamentarios andinos, y una minoría que vive en áreas rurales, a elegir a miembros de juntas parroquiales, que en el pasado eran nombrados en asambleas populares; menos de dos meses después de la jornada en la elegimos al binomio presidencial, asambleístas, alcaldes, prefectos y concejales municipales. 

Muchos ciudadanos hemos ido a cumplir este requisito con apatía y aun molestia, algunos incurriendo gastos de movilización, porque no encontramos importancia en la elección de miembros al Parlamento Andino, cuando el propio presidente Correa se muestra hostil en sus declaraciones hacia la cuarentona comunidad de integración regional, mantiene rotas las relaciones con la hermana  Colombia y ha anunciado el ingreso del Ecuador a la Alba, sociedad de amigos del bizarro presidente Chávez, de Venezuela. Bien pudo haberse incluido esta elección en las recién realizadas, sin incurrir en extraordinarios gastos adicionales, ni molestar innecesariamente a los ciudadanos.

La nueva Constitución, adecuadamente aumenta la importancia de las juntas parroquiales y ordena que sus miembros sean elegidos directamente, pero aún no se dicta la ley que indique sus funciones, organización y presupuesto, de tal manera que bien pudo esperarse a que esto ocurra, para convocar elecciones exclusivamente en las parroquias rurales.  

El poco interés de los votantes por ejercer el derecho en la jornada de ocho días atrás, nos motiva a reclamar por el discrimen que somos objeto los ciudadanos entre 18 y 65 años, al obligársenos a sufragar, mientras que los mayores de 65 años y los adolescentes entre 16 y 18 años, a quienes la novelera Asamblea de Montecristi les concedió el derecho, lo hacen voluntariamente.  La obligación que consta en las dos anteriores constituciones del Ecuador, debió ser eliminada por los asambleístas de 2008, para que quede cada individuo con la libertad de hacerlo o no.

Otra manifestación de ineficiencia e incluso falta de criterio del Consejo Nacional Electoral, es que los resultados de las elecciones generales del 26 de abril, no han sido proclamados aún, a pesar de la creación de instancias intermedias que han aumentando los gastos de los procesos electorales, no han servido para disminuir el tiempo del conteo electoral, poniendo en duda la veracidad del mismo.

Más aún, el CNE ha puesto en duda que el  próximo 10 de agosto tomen posesión las autoridades  elegidas porque no tienen seguridad que los escrutinios estén cerrados hasta entonces y los resultados  proclamados. La actuación de este organismo recientemente conformado deja mucho que desear y sus desacertadas decisiones no fortalecen la confianza en los procesos electorales.

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