26 de febrero de 2020 00:00

En Bolívar y el Austro no se logran solventar los nexos que tenían indígenas y Policía

En Simiatug (Guaranda), autoridades de Gobierno realizan ferias para los pobladores. Foto: Raúl Díaz para EL COMERCIO.

En Simiatug (Guaranda), autoridades de Gobierno realizan ferias para los pobladores. Foto: Raúl Díaz para EL COMERCIO.

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Lineida Castillo y Modesto Moreta. (I)

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La feria toma fuerza poco a poco. Decenas de comerciantes, la mayoría indígenas, arman sus puestos para vender productos agrícolas, artesanales y pecuarios.

En Simiatug, una parroquia de Guaranda (Bolívar), un grupo de civiles mantiene el orden para que los mercaderes no causen caos. Ellos son de las comunidades y se organizaron para dar seguridad en los días de feria o cuando hay fiestas en el centro poblado.

“Decidimos integrar nuestros grupos de seguridad porque no hay apoyo suficiente de la Policía. Cuando llamamos de las comunidades no vienen. Es más, ahora ya no les tomamos mucho en cuenta desde el paro”, dice Manuel Poaquiza. Él es dirigente de Cascarillas, un pueblo que está localizado a una hora de Simiatug.

Cuatro meses después de las movilizaciones por las medidas económicas, las relaciones entre policías e indígenas no se recuperan por completo. Este Diario habló con pobladores de Bolívar, como los de Salaleo, que está a dos horas y media de Simiatug. Desde allí llegó Juana Chunchi, una comerciante que en octubre estuvo en las protestas. “Nuestros compañeros que estuvieron en Quito fueron golpeados, agredidos con bombas lacrimógenas y hasta hubo muertos”. Dice que si los gendarmes trabajaran en conjunto con las brigadas de seguridad mejorarían las relaciones, pero eso no ocurre.

En Simiatug trabajan cuatro policías. Dos están francos y el resto atiende la Unidad de Policía Comunitaria. Los dos cubren a 12 000 habitantes de 42 poblados. El sargento segundo José Guaylla reconoce que las comunidades integraron sus grupos de seguridad y que a pesar de eso atienden los problemas que se presentan.

Durante el paro, Guaylla permaneció en el poblado. “Solo hemos escuchado rumores de que hay gente que no quiere que estemos aquí, pero nadie dice nada”, asegura, mientras participa en el parque central de la feria ciudadana organizada por la Tenencia Política.

Allí, los ministerios de Agricultura, Ambiente, Salud, Inclusión y de Educación instalaron carpas para promocionar los programas del Gobierno.

El presidente de la Federación de Comunidades Campesinas e Indígenas de Bolívar, Gilberto Talahua, dice que en vez de ayudar en la seguridad en las comunidades “se dedicaron a detener a los dirigentes que participaron en las movilizaciones del año pasado”.

El jefe de Operaciones del Distrito de Policía de Guaranda, Galo Quiroz, cuenta que luego de las movilizaciones no ha tenido contratiempos ni roces. “En el momento, las relaciones con los habitantes son de cordialidad y de total respeto”. Aunque reconoce que hay pequeños sectores de las comunidades que no permiten el ingreso de los uniformados.

En las comunas incluso hay voces para que la UPC pase a la Comisión de Seguridad civil.

“Si quieren desalojarnos de la UPC sería desconocer el Estado de derecho. No creo que sea procedente ese tipo de pedidos, pero todavía no tenemos conocimiento sobre el tema”, sostiene el jefe policial.

El panorama en el Austro

En el centro de Molleturo (Cuenca), tres policías trabajan desde una casa particular. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO.

En el centro de Molleturo (Cuenca), tres policías trabajan desde una casa particular. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO.


Entre los poblados del Austro ocurre algo parecido. En la cancha principal de Molleturo, una parroquia de Cuenca, ya no se arman los partidos de vóley ni de fútbol entre policías y civiles. No hay patrulleros, ni motos ni agentes recorriendo las calles. La improvisada oficina de la Policía, ubicada en la parte baja de la Tenencia Política, permanece cerrada.

Los tres agentes destinados al centro poblado trabajan en una casa particular. A ellos les dicen que son responsables de la muerte de Raúl Chilpe, quien perdió la vida tras ser atropellado en las protestas.

“No somos responsables de aquello, pero nos dicen asesinos y nos miran con molestia en la calle”, cuenta un agente.

Desde antes de octubre, el conflicto minero resquebrajó el buen trato entre las partes. Son más de 10 años que Molleturo, con 8 000 habitantes, vive en constantes enfrentamientos entre antimineros y promineros. En medio están los uniformados, que en los últimos tres años han aplicado el uso progresivo de la fuerza para poner orden. Molleturo está a una hora de Cuenca y en este territorio está emplazado el proyecto minero Río Blanco.

Este Diario visitó otros tres poblados de Cañar, donde se registraron los mayores bloqueos: San Rafael, Curriuco y La Posta. A estos territorios, de calles empedradas, casi nunca ingresan los patrulleros, ni antes ni después del paro.

Rosa Guamán, una de las dirigentes, cuenta que para el tema de la seguridad no piden apoyo, porque en caso de robos aplican su justicia. “Esto nos ha dado resultados y hemos alejado a los delincuentes de nuestros territorios”.

Para José Daquilema, de la comunidad San Rafael, aún hay dolor “por la represión de octubre, por los heridos y los muertos que se registraron”.

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