Una casa en la calle Pichincha y El Vergel sufrió un colapso ayer por la mañana. Fotos: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
De lo que alguna vez fue una casa patrimonial, que se levantó el siglo pasado para albergar a una familia popular del Quito de antaño, solo quedaron escombros. El desplome de una vivienda antigua ocurrido la mañana de ayer, 5 de diciembre del 2016, en San Blas -que requirió la evacuación de cuatro familias-, puso sobre el tapete el estado de los más de 10 000 bienes patrimoniales que existen en la capital.
Solo en el Centro Histórico hay 5 000 bienes inventariados, 3 000 más se levantan en otras áreas urbanas y 2 000 en parroquias rurales. La mayoría son inmuebles que fueron construidos para viviendas.
Esas estructuras que aún conserva Quito, y que la llevaron a ser nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, son un tesoro frágil cuyo principal enemigo es el tiempo y cualquier movimiento de la tierra, por más leve que sea.
Son casas que tienen mampostería simple, sin columnas, cadenas ni vigas. Así lo explica Patricio Plasencia, catedrático de la Politécnica Nacional, quien advierte que son casas hechas solo con ladrillo, con paredes (en el mejor de los casos) clavadas en las esquinas. Pese a que la mampostería es de adobe y piedra, al no tener una estructura de hierro, es vulnerable frente a un temblor.
Incluso abundante lluvia, con filtraciones de alcantarillado, pueden provocar problemas de asentamiento. De allí la importancia de reforzar las viviendas. Plasencia asegura que deben ser intervenidas.
Angélica Arias, directora de Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), explica que dar un correcto mantenimiento a las casas es responsabilidad del dueño del bien, no del Municipio. Incluso la Ley impide trabajar con recursos públicos en bienes privados. Sin embargo, tomando en cuenta la importancia del Patrimonio, hay proyectos, programas e incentivos para mejorar el estado de las edificaciones.
Los miembros de los organismos de socorro tuvieron inconvenientes. No hubo heridos. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
El trabajo que el IMP ha realizado en el Distrito ha sido intenso. Solo en el 2015 se invirtieron USD 4,2 millones en la recuperación de edificaciones como iglesias, conventos y otros.
En lo que va del 2016, la inversión bordeó los USD 2,5 millones para reforzamiento estructural. El IMP cuenta con cuatro programas que buscan motivar a los propietarios a que den un correcto mantenimiento a ese tipo de bienes.
Tamara López, directora de proyectos especiales de la entidad, explica que está el programa de fachada, el de mejoramiento de cubierta, el de mantenimiento menor y el de rehabilitación de viviendas.
Cada uno cuenta con distintos beneficios para el dueño, que va desde el aporte del Municipio del 50% del valor total, hasta el financiamiento completo de la obra que luego será reembolsado por parte del propietario a 10 años plazo en el Impuesto Predial.
Entre el 2015 y 2106 se ha trabajado en 165 programas de ese tipo, con una inversión de unos USD 5 millones por parte del Municipio. Todos estos valores suman USD 11,7 millones invertidos entre 2015 y 2016.
El IMP ha identificado seis principales problemas en las casas patrimoniales de la capital: la mayoría son subutilizadas, solo se ocupa la planta baja, el segundo o tercer piso son usados como bodegas, hay varios herederos y no se ponen de acuerdo sobre la intervención. En San Roque y San Diego, en las casas hay más gente de las que pueden soportar.
Hay un problema adicional: el abandono. Allí está para Alfonso Ortiz, cronista de la ciudad, el origen del problema. Es común ver a lo largo de las calles Loja y Ambato casas con techos a punto de caer. “El Municipio no puede intervenir porque los bienes particulares no son su responsabilidad. Es el Gobierno quien debe reaccionar”, sentencia.
Hernán Orbea, catedrático universitario, coincide con ese criterio y explica que al ser Patrimonio no se puede reedificar sino con las restricciones que impone la normativa (un cuidadoso análisis del aspecto estructural, un reforzamiento especial, trabajar en las noches bajo restricciones de horarios), lo que hace más costosa la intervención, por lo que los estratos medios prefieren no pagar.
Además, se requiere de la aprobación de la comisión de áreas históricas del Concejo Metropolitano, y contar con una licencia emitida por la administración zonal.
Orbea insiste en la necesidad de hacer un cambio radical en la legislación, que busque la recuperación del valor y del uso de esos bienes para que el Patrimonio se convierta en un activo económico para los propietarios y un activo cultural para la ciudad.
En contexto
Juan Zapata, secretario de Seguridad del Municipio, aseguró que se investigan las causas que motivaron al derrumbe de la vivienda en el centro. Podría haber responsabilidad de una empresa contratista que realizó una obra cercana.