29 de noviembre de 2020 00:00

Augusto de la Torre: ‘Hay que extender ayudas focalizadas hasta mayo’

Entrevista con Augusto de la Torre, catedrático y asesor del Gobierno.

Entrevista con Augusto de la Torre, catedrático y asesor del Gobierno. Foto: Archivo personal

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Mónica Orozco

Augusto de la Torre es director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UDLA y es parte del Consejo Asesor Económico de este Gobierno. Anteriormente fue economista jefe para América Latina del Banco Mundial.

La pandemia no ha terminado, pero sí los beneficios de la Ley Humanitaria para que la gente pueda prorrogar pagos de deudas. ¿Se quedó corto el tiempo de esas ayudas o el país ya puede caminar solo?

La política económica en el mundo se resume en un objetivo: crear un puente a la vacuna, para que la gente pueda caminar sobre él y no caiga en situación precaria. Esa ayuda varía de país a país. Hay países con recursos y otros, como el nuestro, sin dinero y donde la tarea es complicada. Pese a eso, al comparar a Ecuador con otros países de la región vemos que, aunque no es una tarea magnífica, no nos está yendo tan mal. Casi suman dos millones las personas vulnerables cubiertas con el bono. Otras ayudas como aplazar el pago de deudas y servicios o mantener el seguro médico están feneciendo. Vale la pena que el Gobierno y los proveedores de servicios se reúnan para ver qué se puede hacer. No se puede hacer todo unilateralmente, pues las compañías pueden quebrar. Hay que hacerlo caso por caso, no a todos sino al que lo necesite. Se requiere extender el puente con medidas focalizadas al menos hasta abril o mayo del 2021, pensando que en junio se podría tener una vacuna.

¿Extender ese puente de ayudas puede contribuir a la reactivación del país?

La pregunta es: ¿hasta qué punto se puede esperar una reactivación mientras dure la pandemia? Y ahí hay fenómenos complicados, pues incluso en los países donde hubo un aumento del gasto fiscal la economía está deprimida, por ejemplo Argentina y Perú. Eso indica que los típicos mecanismos de estímulo no están funcionando, pues la plata llega a la economía pero la gente no la gasta porque no puede irse al cine, a los restaurantes o de vacaciones. Hay una especie de consumo reprimido o ahorro forzoso en las familias. Además, los gobiernos están tratando de estimular el crédito, pero no lo logran. Eso se explica porque las empresas no quieren invertir y endeudarse. Los bancos tampoco saben a quién prestar, porque no saben quién les va a poder pagar. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer cosas a nivel microeconómico, como sostener a las familias vulnerables o asegurarnos de que la gente no caiga al precipicio. Esto no tiene un efecto macroeconómico, pero sí principio de solidaridad.

Ecuador debe revisar las tasas de interés, según lo dispuesto por la Ley Humanitaria. ¿Cómo debe hacerse ese análisis para generar un mayor impacto?

Lo que se va a tener que hacer es racionalizar el sistema de tasas de interés, que no haya tantos segmentos de crédito, y fijar tasas de manera que generen competencia. Pero no es que van a bajar tanto las tasas, porque estas dependen fundamentalmente del riesgo país, que es alto para Ecuador. Es decir, si el Gobierno emite un bono a 10 años y tiene que pagar 12% de interés por el alto riesgo, eso se vuelve una referencia para toda la estructura de tasas del país. En una economía dolarizada, las tasas no se pueden bajar al martillo, hay que bajar el riesgo país y, para eso, hay que ir mejorando las cuentas fiscales y consiguiendo dinero barato de los multilaterales, para poder pasarle a la economía privada.

Los ajustes al seguro de desempleo que permitían acelerar su entrega durante la pandemia también fenecieron. ¿Deberían también ampliarse?

Es un tema complicado para países con recursos fiscales limitados, pues financiar el seguro de desempleo es caro. Otro problema es que el país tiene una alta tasa de informalidad y un seguro de desem­pleo no cubre esos casos. Frente a eso, una solución viable es que cada trabajador, formal o informal, constituya una cuenta de ahorros individual que pueda usar al caer en de­sempleo, en la que el patrono o incluso el Estado aporten.

Los trabajadores afrontan una reducción de jornadas y salarios por uno y hasta dos años. ¿Están cargando con la factura más pesada de la crisis?

Quizás la gente percibe que el peso está cayendo desproporcionadamente sobre un grupo más que en otro, pero me parece que los más golpeados son los trabajadores informales, que no califican para el bono, que no tienen seguridad social y que, además, son los que menos voz tienen. En el caso del empleo formal, creo que las dos partes están pagando los costos. Las empresas tienen una contracción de ventas. Algunas, como los restaurantes, han cerrado. La reducción de la jornada ha ayudado a que menos empresas cierren. Además, las empresas no pueden repartir dividendos mientras mantengan la jornada reducida, es una forma de equilibrar. Ecuador, al no tener recursos, tuvo que buscar un poco más de esfuerzos compartidos entre empresas y trabajadores para mantener empleos. Fue de los pocos países que emprendió ajustes laborales, y estas medidas son reconocidas por otros economistas de la región.

¿El Estado está compartiendo los sacrificios en la actual crisis?


Habría sido bueno ver un poco más, sobre todo del lado de la nómina de la burocracia. Los trabajadores del sector privado están aceptando reducciones y reorganización de jornada, por lo que habría sido bueno ver más de lo mismo en el Gobierno y el Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas trató, pero no pudo; los policías no quisieron, los militares y fiscales tampoco.

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