El grupo de asambleístas entregó el pedido de juicio político contra Carlos Ochoa en el CAL, este 31 de enero del 2018. Foto: Tomada del Twitter de la asambleísta Tanlly Vera
Asambleístas de las diferentes bancadas en la Asamblea Nacional firmaron el pedido para iniciar un juicio político en contra del Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. Los legisladores Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta, ambos del movimiento Creo, entregaron la documentación en la Secretaría, acompañada de 53 firmas de respaldo.
El pedido se basa en un supuesto “abuso de poder” para sancionar y coartar la libertad de expresión por parte del funcionario. A eso se suman las observaciones que realizó la Contraloría a las remuneraciones y bonificaciones que recibió Ochoa cuando fuera director nacional de noticias del canal incautado Gama TV.
Después de entregar la documentación, los legisladores dieron declaraciones. Estuvieron acompañados por compañeros de su bancada política y de otras agrupaciones. Ahí estuvo María Mercedes Cuesta de Fuerza Ecuador.
En los documentos está el anuncio de la prueba que exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuesta advirtió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que hay un fallo, por el caso del juicio político en contra del exvicepresidente Jorge Glas, en el que se obliga a este organismo legislativo a verificar el cumplimiento de los requisitos y no a calificar las pruebas.
Patricio Donoso, también miembro de Creo e integrante del CAL, solicitó una reunión del organismo para este viernes y así calificar, lo antes posible, el pedido de juicio para que pase a la Comisión de Fiscalización.
Los asambleístas de Creo no ven una amenaza en un posible consejo de participación transitorio, en caso de que pase la consulta, que pueda destituir a Ochoa. Tampoco considera que la Asamblea se queda sin papel fiscalizador en caso de que se cumpla una resolución de la Contraloría en la que destituyó a Ochoa por su manejo frente a Gama TV. Para Villamar, son procesos diferentes y debe existir un pronunciamiento del Legislativo para sancionarlo políticamente.