5 de febrero de 2020 15:05

Asamblea retoma la reforma a su ley y se alista para su primera vacancia

Los legisladores tomarán la primera vacancia prevista en la Asamblea Nacional, después del feriado de Carnaval. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

Los legisladores tomarán la primera vacancia prevista en la Asamblea Nacional, después del feriado de Carnaval. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor
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Del 26 de febrero al 11 de marzo del 2020 próximo la Asamblea se acogerá al primera vacancia de este año. Así lo aprobó el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

La decisión se tomó el martes 4 de febrero del 2020 en momentos que el Parlamento afronta complicaciones después de que el bloque de Creo rompiera el acuerdo que mantenía con Alianza País (AP) y asambleístas independientes desde mayo del 2019.

En la Constitución se garantiza dos recesos para esta Función del Estado, cada uno de 15 días, por año. El de finales de este febrero empezará justo después del feriado de Carnaval. Para agosto se prevé el segundo.

Hace dos semanas atrás se estableció una agenda para este 2020 en la que se prioriza la aprobación de 12 leyes durante el primer semestre.

Entre esas prioridades está la reforma a la Ley de la Función Legislativa, cuyo segundo debate arrancará el jueves 6 de febrero en el Pleno.

Uno de los principales ejes de la reforma tiene que ver con el ámbito de la fiscalización, luego de que varios pedidos de juicios políticos quedaran en el "limbo" en esa mesa por falta de votos.

La propuesta de reforma apunta a que la Comisión de Fiscalización y Control Político será permanente y estará integrada por el mismo número de asambleístas que las otras comisiones especializadas, designadas por el Pleno; sus miembros no podrán integrar otras mesas permanentes, ni ser parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) o del Comité de Ética, tampoco podrán ser reelectos para un período consecutivo.

Dentro de los procesos de juicio político, los asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización no podrán ser interpelantes.

Todo funcionario con rango de Ministro de Estado será susceptible de juicio político.

Más allá que la Comisión de Fiscalización se pronuncie por el archivo de una solicitud de juicio político, el Pleno de la Asamblea resolverá, en última instancia, si procede o no el proceso interpelatorio.

El último pedido de juicio político en quedar en el limbo fue el que pidieron asambleístas de Creo en contra de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, por supuesto incumplimiento de funciones.

Por la falta de un voto, Creo rompió el acuerdo con los bloques de AP, BIN y BADI, y el oficialismo sancionó a dos de sus legisladores.

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