La crisis financiera que sufre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también es tema de análisis de los legisladores ecuatorianos, sin importar su tienda política.
Para el asambleísta oficialista Gabriel Rivera se trata de un tema que va más allá de las líneas políticas, da pie al debate mundial sobre los sistemas de protección de derechos humanos. “Tienen que haber cambios de forma y de fondo, pero no solo en el Sistema Interamericano”.
Rivera explica que se trata de una crisis de las instituciones que fueron creadas en un determinado momento y que ahora hay una corriente bastante importante de opiniones que buscan una modificación a dichos sistemas, incluidos por ejemplo el de la ONU. Pero aclara que, personalmente, es partidario de fortalecer el sistema y no cambiarlo, ya que teme que vaya perdiendo peso y se relativice.
Según el legislador de Creo, Diego Salgado, la solución está en buscar el financiamiento adecuado del Sistema de la Organización de Estado Americanos (OEA), ya que es importante para la protección de los derechos humanos de los ciudadanos del continente.
En este aspecto acepta que es importante que el financiamiento evite que la balanza de la justicia se incline de un lado u otro. Y rechaza las críticas del Gobierno ecuatoriano a la CIDH y al Sistema, puesto que, recuerda, apoyaron la candidatura de Patricio Pazmiño, expresidente de la Corte Constitucional, para que sea parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posesionado en el cargo en febrero.
Además el legislador critica que los Gobierno de la región no aporten para el mantenimiento de la CIDH. Ya que, de las cuotas de los Estados miembro para la OEA, solo el 6% se destina a este organismo. Y cree que esto se debe a la crisis económica que atraviesan ciertos países, como Ecuador, y a la falta de prioridades, ya que señala que en el edificio de Unasur sí invirtieron más de USD 40 millones.
El domingo, el canciller Guillaume Long expresó su preocupación por el modelo de financiación de la Comisión Interamericana, “basada en aportes no permanentes, condicionados y direccionados, provenientes de entes privados y Estados externos al Sistema Interamericano”. Por lo que insistió en la posición del Gobierno ecuatoriano de un fortalecimiento integral del Sistema Interamericano.
Para Pepe Acacho, asambleísta por Pachakutik, no es extraño que el Gobierno refute fuertemente a los organismos internacionales de DD.HH., ya que a su criterio el Estado “es el principal violador de los derechos humanos” contemplados en la Constitución.
El legislador aclara que la crisis no implica que las puertas de la OEA y de la CIDH se cierren, pero lamenta que los procesos ahora tardarán más en ser atendidos. Pero de todas formas insiste en que seguirán llevando sus denuncias ante la Comisión, que tiene varios casos ecuatorianos en sus manos. Y advirtió que la justicia llegará al país aunque tarde.