15 de diciembre del 2020 22:40

Asamblea aprueba la ley anticorrupción y se aseguran USD 2 000 millones del FMI

La sesión No. 689 del Pleno de la Asamblea Nacional se realizó este 15 de diciembre del 2020. Foto: Captura

La sesión No. 689 del Pleno de la Asamblea Nacional se realizó este 15 de diciembre del 2020. Foto: Captura

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Roger Velez
y Elcomercio.com

La reforma penal en materia anticorrupción se aprobó con 127 votos a favor y 3 abstenciones, de 130 asambleístas presentes, este martes 15 de diciembre del 2020 en la última sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional de este año, desde el miércoles 16 hay vacancia legislativa.

El proyecto se compone de 25 artículos, una disposición general, una disposición transitoria, y once disposiciones que reforman la Ley del sistema de contratación pública y la Ley de la Contraloría General del Estado.

El trámite del proyecto de cambios al Código Orgánico Integral Penal (Coip) se dio como parte de los compromisos que tenía el país para la llegada de un desembolso de USD 2 mil millones por parte del FMI.

La reforma legal tipifica nuevos delitos como la elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios, actos de corrupción en el sector privado y obstrucción a la justicia.

El ponente del proyecto, José Serrano, se tomó casi dos horas para presentar la moción de aprobación del proyecto en un solo paquete, tras recoger las observaciones que presentaron 20 de los 137 legisladores que participaron del segundo debate.

Los ajustes permitieron que incluso la bancada de la Revolución Ciudadana votara a favor del proyecto, aunque hubo tres que se abstuvieron.

“Consideramos que ya nada queda en el vacío ni tampoco nada queda para ver la letra pequeña y fallarle a los ecuatorianos, no solamente en el combate sino también en la prevención contra la corrupción”, argumentó Serrano.

El socialcristiano Henry Cucalón aseguró que “al aprobar este proyecto, el Parlamento se pone al lado de la transparencia y contribuye al país con una norma que seguro va a convertirse en una pieza importante para enfrentar a la corrupción”.

El proyecto tipifica nuevos delitos contra la administración pública como la elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios, actos de corrupción en el sector privado y obstrucción a la justicia.

Además, incluye el informe previo de pertinencia y favorabilidad emitido por la Contraloría General del Estado, como requisito previo a todo proceso de contratación pública.

Serrano acogió un pedido del coordinador del bloque de Creo, Luis Pachala, para que “en ningún caso estos informes constituyan un requisito de admisibilidad o procedibilidad para el ejercicio de la acción penal”.

El ponente también incorporó una observación de Rodrigo Collaguazo (AP) “con el fin de sancionar con otro tipo de peculado, cuando los administradores de las empresas públicas por su acción u omisión generen reducción de ingresos, pérdida económica en comparación con el ejercicio económico, sin justificación alguna de por medio, ocasionando de tal forma la reducción y por ende la pérdida de recursos estatales.”

El proyecto amplía la aplicación del máximo de la pena propuesta inicialmente, cuando los delitos sean cometidos durante un estado de excepción.

Otro de los cambios consiste en que la caducidad de siete años para investigar no operará cuando se trate de responsabilidades originadas como consecuencia de la presunción de existencia de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.

Héctor Muñoz aseveró que esta reforma “rebasa la propuesta meramente coyuntural para un problema de carácter estructural como es el de la corrupción”.

En medio del debate, algunos legisladores como el independiente Raúl Tello exigieron a Litardo que convoque a sesión extraordinaria para la votación del proyecto de Ley de Extinción de Dominio para bienes de origen ilícito o injustificado.

Mae Montaño (exCreo) criticó que dicha ley quedara pendiente de resolución, mientras “a velocidad de relámpago” se tramitó la reforma al Coip que, a su juicio, “no tocará de ninguna manera al crimen organizado que es el nivel que ha alcanzado la corrupción”.

Después de la aprobación de la Asamblea, el Ejecutivo tendrá 30 días para presentar sus observaciones al proyecto o para disponer -sin veto- su publicación en el Registro Oficial como lo hizo recientemente con las reformas a la Ley de la Función Legislativa.

La vacancia legislativa terminará el 31 de diciembre, aunque el presidente de esta Función, César Litardo, y otros 40 legisladores deberán acogerse a una licencia sin sueldo para la campaña electoral.

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