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Asamblea aprobó reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural

El presidente de la mesa de Educación, Jimmy Candell, dijo que el proyecto le apuesta a una educación de calidad e incluyente. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El presidente de la mesa de Educación, Jimmy Candell, dijo que el proyecto le apuesta a una educación de calidad e incluyente. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El presidente de la mesa de Educación, Jimmy Candell, dijo que el proyecto le apuesta a una educación de calidad e incluyente. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Con 126 votos afirmativos, el Legislativo aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en la sesión 692 del Pleno.

La votación se dio sobre la base del texto final que preparó la Comisión de Educación. Para eso recogió las observaciones que formularon los parlamentarios en las tres jornadas de debate de la propuesta.

El presidente de la mesa de Educación, Jimmy Candell, dijo que el proyecto le apuesta a una educación de calidad e incluyente, apegada a la realidad nacional, en favor de niños, niñas y adolescentes.

Además, señaló que el documento fue definido con padres de familia, alumnos, organizaciones sociales, profesores y entidades internacionales, eliminando cualquier aspecto que represente un retroceso. “En todo momento, se ha tenido presente la interculturalidad y los saberes de pueblos, comunidades y nacionalidades, al igual que la etnoeducación”. Y enfatizó en que se afianzan los derechos laborales de los maestros.

La reforma a la LOEI modifica alrededor del 80% de la normativa vigente, que rige desde marzo del 2011. Contiene 141 artículos, 18 disposiciones generales, 45 transitorias, seis disposiciones reformatorias (a la Ley de Seguridad Social, Código de Planificación y Finanzas Públicas, Cootad y Ley Humanitaria) y una disposición final.

Los legisladores han explicado que esta tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Educación con una visión intercultural y plurinacional, acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y con respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

El proyecto se enfoca, fundamentalmente, en establecer una cultura de paz y mecanismos eficaces de protección de derechos ante la violencia en los contextos educativos.

Además busca desarrollar capacidades y competencias, concientizar sobre la corresponsabilidad, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y la revalorización de los docentes.

Se determina que el Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación de todos los habitantes del territorio ecuatoriano y de los ecuatorianos en el exterior; así como el acceso universal a lo largo de su vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y culminar los servicios educativos.

Según la norma, el sistema de protección en las instituciones educativas tendrá un enfoque preventivo, priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes, la reparación integral de víctimas, la eliminación de la violencia escolar, acoso escolar, hostigamiento académico y conflicto escolar.

Para reforzar esta protección se dispone la obligación de crear el Departamento de Consejería Estudiantil en las instituciones educativas y la implementación del Plan Nacional de Erradicación de Violencia en el Contexto Educativo.

La Autoridad Educativa Nacional desarrollará mecanismos administrativos de prevención de la violencia en el ámbito educativo y como parte del sistema de protección se implementarán las Juntas Distritales de Solución de Conflictos, dice la Ley.

Esta además aborda los derechos de los docentes del sector público, a través del mejoramiento en los procesos de promoción, de la jornada laboral, concursos de méritos y oposición, y las escalas remunerativas. El sueldo de un maestro arrancará en 2,5 salarios básicos unificados, lo que equivale a USD 1 000. Ahora parte de algo más de USD 800.

La Ley también establece el bachillerato complementario en artes y toma en cuenta el papel de los educadores populares o comunitarios, quienes han luchado por acceder a los beneficios de la seguridad social. También se fortalece la gestión de las bibliotecas escolares como política estatal.

Con respecto a la evaluación para acceder a la educación superior, el presidente de la mesa de Educación Jimmy Candell, explicó que la reforma a la LOEI no elimina el examen, sino que plantea la separación de las pruebas de finalización del bachillerato y de acceso a la universidad. Eso ya existe.

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, ya se refirió el pasado 3 de abril del 2020, sobre la evaluación al final de año escolar para los estudiantes de tercer año de Bachillerato y dijo que después de conversar con los diferentes actores y acogiendo varias inquietudes se dividieron los procesos. “Ya no hay Ser Bachiller, lo que hay es examen de grado y examen de ingreso a la universidad”.