21 de junio de 2019 00:00

La Asamblea Nacional lleva un mes sin definir agenda

Las barras, en la parte alta del hemiciclo parlamentario, durante la sesión del Pleno de esta Función del Estado. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Las barras, en la parte alta del hemiciclo parlamentario, durante la sesión del Pleno de esta Función del Estado. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Roger Velez

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El error cometido por la Asamblea en la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que fue promulgada hace cuatro meses en el Registro Oficial, convocó este jueves 20 de junio del 2019 al Pleno de esta Función del Estado.

En medio del debate, del que participaron solo cuatro asambleístas, Henry Cucalón, coordinador del bloque del Partido Social Cristiano, sostuvo que no se trata de una fe de erratas.

Cucalón dijo que lo ocurrido convirtió a los legisladores “en el hazmerreír del país” y responsabilizó del tema a una moción de Karina Arteaga, asambleísta del oficialismo, quien no estuvo en el hemiciclo para presentar sus argumentos.

El problema se originó porque durante el trámite de la reforma no se modificó el artículo 5 de la Ley, que considera a la comunicación como un servicio público, contradiciendo al resto del cuerpo legal.

De allí que el Ejecutivo envió otra propuesta para modificar el cuerpo legal, que fue tramitada por la Comisión de Derechos Colectivos, que estuvo presidida por dos años por el oficialista Jorge Corozo.

La Asamblea Nacional lleva un mes sin definir agenda

La asambleísta correísta Marcela Aguiñaga exigió al presidente de la Asamblea (AP), César Litardo, que llevara a segundo debate del Pleno las reformas a la Ley de la Función Legislativa para que estos errores no se repitan.

De hecho, se registró otro cuando la Asamblea aprobó la Ley del Adulto Mayor, en la que se incluyeron dos artículos que derogan dos leyes relacionadas con el cobro de tributos, como el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

Hace dos semanas, con una mayoría simple en el Pleno de la Asamblea se aprobó una propuesta de resolución impulsada por el oficialismo para corregir el tema con una fe de erratas, pero una semana después la votación fue reconsiderada.

Ambos cuerpos legales forman parte de las 48 leyes que fueron catalogadas como prioritarias hace más de un año, en abril del 2018, durante la presidencia de Elizabeth Cabezas (AP).

César Litardo, quien le sucedió en el cargo el 14 de mayo pasado, todavía no se ha reunido con todas las bancadas para definir una nueva agenda legislativa. Antes de que eso ocurra, según indicaron sus asambleístas aliados, ha dispuesto que se haga un inventario en las comisiones sobre las leyes que están en trámite para definir prioridades.

Casi todos los asambleístas de Alianza País y sus aliados se reunieron con el presidente Lenín Moreno en Carondelet, el miércoles 19 de junio.

Según Fausto Terán, quien asistió a la reunión, el Mandatario les pidió “más unión y mayores consensos” de cara a las reformas en materias laboral y económica que se aproximan.

Ana Belén Marín, una de las coordinadoras, aseveró que no se llegó a conclusiones. Pero su coidearia Johanna Cedeño manifestó que la cita sirvió para definir prioridades.

Cedeño reconoció que el hecho de que se demoraran un mes en designar a las autoridades para las comisiones de Educación, Gobiernos Autónomos y Derechos de los Trabajadores originó “retraso en el trabajo legislativo”.

Para la próxima semana se prevé que estas mesas legislativas realicen sus primeras sesiones. Mientras, en las otras 10 el trabajo avanza a distinto ritmo, un mes después de que la Asamblea fuera reorganizada para lo que resta del período hasta el 2021.

En la Comisión de Fiscalización se adelantan investigaciones al Ministerio de Salud y al caso denominado Arroz Verde, que se relaciona con supuestos aportes de empresas contratistas a Alianza País.

En la Comisión de Derechos Colectivos hubo reclamos al asambleísta Jaime Olivo, quien ahora preside esta instancia, por la falta de convocatorias.

El coordinador de Creo, Luis Pachala, y los asambleístas de partidos de minoría, con quienes el oficialismo llegó a un acuerdo legislativo, prevén reu­nirse la próxima semana con Litardo. La coalición, según indican, se mantiene en tres ejes en materia de legislación: transparencia e institucionalidad, economía y empleo, y sociedad y democracia.

Sin embargo, este jueves la atención se concentró en las expresiones del ministro Carlos Pérez, quien en una comparecencia denunció haber recibido llamadas de algunos asambleístas con recomendaciones para puestos de trabajo.

Este jueves, el Pleno también acogió un pedido de la asambleísta correísta Soledad Buendía para que se llame a Pérez a que “dé los nombres”. Pérez se defendió a través de un comunicado en el cual explica que las declaraciones fueron hechas sin el ánimo de afectar la imagen de ningún legislador.

En contexto

Otra propuesta de reforma al Código Penal llegó a la Asamblea. El Ejecutivo propuso tipificar la “contravención contra el honor”, que se sancionará con trabajo comunitario o multas. Pero fueron otros temas los que acapararon la atención en el Pleno.

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