Millonario perjuicio al Fisco vinculado a caso 'Arroz Verde' revela el SRI
Palacio de Carondelet. Resultado y festejo de las elecciones presidenciales Elecciones 2013. En la foto: Rafael Correa y Jorge Glass en el festejo en el Salón de los Banquetes. Foto: Paul Rivas / EL COMERCIO
De la trama conocida como 'Arroz Verde' (que involucra supuestos aportes irregulares a Alianza País en el 2013 y el 2014, de compañías nacionales y extranjeras) se desprende un millonario perjuicio tributario relacionado con facturas compradas a empresas fantasmas e inexistentes.
A través de múltiples controles a este tipo de negocios fraudulentos, el Servicio de Rentas Internas (SRI) detectó aproximadamente USD 39 millones correspondientes a impuestos no cancelados por contribuyentes vinculados al caso.
Así lo confirmó Marisol Andrade, titular del SRI, el pasado 16 de mayo, en una entrevista con EL COMERCIO, en donde recordó que la supervisión a empresas fantasmas se ejecuta desde años atrás.
“Se detectaron inicialmente 22 contribuyentes directamente relacionados”, aseveró la funcionaria, quien no reveló las identidades de los involucrados, porque existen procesos judiciales en marcha.
¿Cómo operó el sistema? El contribuyente compró facturas a empresas fantasmas. Con ellas infló los gastos deducibles, lo cual bajó la base imponible del impuesto a la renta (IR). Esto, a su vez, produjo que el monto que se debía pagar a la autoridad tributaria sea menor o incluso inexistente.
En síntesis, los contribuyentes señalados dentro del caso 'Arroz Verde', además de tener sobre sus espaldas sospechas de aportes ilícitos a Alianza País, se habrían valido de firmas ficticias para eludir el pago de impuestos al Fisco.
El artículo 25 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno estipula que las empresas fantasmas son “aquellas que se han constituido mediante una declaración ficticia de voluntad o con ocultación deliberada de la verdad, quienes fundadas en el acuerdo simulado, aparentan la existencia de una sociedad, empresa o actividad económica, para justificar supuestas transacciones, ocultar beneficios, modificar ingresos, costos y gastos o evadir obligaciones”.
El mismo artículo, además, señala que “la realización de actos simulados será sancionada de conformidad con las normas de defraudación que están tipificadas en el Código Tributario”.
Las empresas inexistentes, en cambio, son aquellas cuyo proceso productivo y comercial, así como su constitución, no han sido verificados, según el artículo 24 del reglamento.
Registros oficiales del SRI dan cuenta que entre el 2010 y el 2018 se hallaron 873 firmas fantasmas o inexistentes con ventas por USD 2 600 millones. Dentro de ese listado están los 22 contribuyentes asociados con la trama 'Arroz Verde'.
Los procesos de auditoría pueden demorar de seis meses a un año, hasta obtener resultados. Son motivados por indicios de irregularidades.
Los funcionarios del SRI a cargo revisan si existe un hecho económico, es decir, si las transacciones reportadas en las facturas tienen sustento.
“Cuando vimos que fueron casos que posiblemente son defraudación tributaria, pusimos las denuncias ante la Fiscalía (...) El SRI verificó si los ingresos que reportan son lo que efectivamente recibió el contribuyente por su actividad económica”, aseguró la directora del SRI.
Los sectores más propensos a estos actos ilícitos son comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas; construcción, inmobiliarios y profesionales de la construcción; industrias manufactureras; actividades profesionales, científicas y técnicas; transporte y almacenamiento; y, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Hasta el 2018 se contabilizaron 17 122 clientes de empresas fantasmas, quienes registraron compras valoradas en USD 2 788 millones. El 64% de los clientes son sociedades, las cuales abarcan el 76% de todas las transacciones.
Las personas naturales abarcan el 36% de clientes y el 24% de facturación, mientras que las sociedades civiles de hecho y sociedades civiles anónimas representan menos del 1% en ambos rubros. La Fiscalía ha recibido 1 361 denuncias por casos desde el 2012.
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