13 de agosto de 2018 00:00

El activismo busca frenar el acoso en la Universidad Central

Los estudiantes de la Universidad Central realizan campañas contra el acoso sexual. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Los estudiantes de la Universidad Central realizan campañas contra el acoso sexual. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Redacción Sociedad
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Con organización y participación, un grupo de estudiantes de la Universidad Central busca una solución y respuestas ante casos de acoso sexual. Su activismo se mantiene pese a que las clases universitarias culminaron.

Cerca de 25 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales realizan actividades como plantones, campañas y difusión de mensajes contra la violencia y el acoso. Ese es su aporte para visibilizar la problemática y concienciar a la comunidad educativa.

Los casos de acoso son una realidad en las aulas de las universidades. Muchos no se evidencian por la falta de denuncia y por el silencio causado por el miedo.

Eso piensa Paula G., de 23 años, estudiante del último semestre de la facultad.
Ella y sus compañeros muestran que el acoso no es únicamente el contacto físico, ya que las miradas y comentarios inapropiados también lo son. Ambos están normalizados, dice la joven universitaria.

Pese a que en la Central se aprobó, en diciembre del 2017, un protocolo para abordar casos de violencia y acoso, no hay un tratamiento adecuado a las denuncias, explica Paula.

Ella conoce de casos de chicas que han denunciado situaciones de acoso, pero no han recibido una respuesta. Incluso, no se han dado sanciones a los docentes investigados.

En junio, el Consejo Universitario de la Central resolvió destituir a un docente de la Facultad de Artes acusado de acoso sexual. Desde la vigencia del protocolo, tres docentes han sido procesados y separados de la institución.

En mayo, el Consejo de Educación Superior (CES) emitió una resolución en la que exhorta a todas las universidades a aplicar el protocolo contra la violencia de género y discriminación.

La idea es estandarizar criterios y que el protocolo sea una base para la generación de normativas en cada universidad. Así lo explicó Catalina Vélez, presidenta del CES.

El documento -construido entre el CES, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y la Red de Educación y Género- tiene principios básicos para saber cómo manejar estos casos. Lo primordial es garantizar la privacidad de la persona y evitar su revictimización.

Vélez reconoció que el acoso es una realidad, por lo que el Consejo socializará hasta octubre el protocolo en las universidades a escala nacional.

El trabajo de las unidades de bienestar estudiantil se detalla en el protocolo emitido por el CES, ya que estas se encargan de receptar las denuncias y canalizarlas según su gravedad.

Adicionalmente, deberán pasar por un análisis en el Consejo Académico Superior de cada universidad. El ente determinará la sanción o si amerita el caso será derivado a la Fiscalía General del Estado.

A futuro, el CES hará un seguimiento y un acompañamiento a las instituciones para verificar una aplicación adecuada del protocolo.

Lorena (nombre protegido) tiene 24 años y cursa la carrera de Sociología en la Central. Ella cree que el miedo, la culpa y la vergüenza son aspectos que impiden que una víctima denuncie estos casos.

La mayoría de personas se frena por el temor a tener problemas en su carrera o con las notas, por lo que prefieren no denunciar. La desconfianza a las autoridades es otro de los limitantes, señala la joven.

En este período de vacaciones, los chicos mantendrán sus acciones. Por ejemplo, cada uno coloca mensajes en redes sociales para rechazar esta problemática en las aulas.

Si una víctima considera que su caso no está siendo atendido, puede acudir al CES o a la Fiscalía si se tratara de un delito, explicó la presidenta de esta entidad.

En este año, el CES receptó una denuncia por acoso que se derivó a la Fiscalía. Mientras que el año anterior no se presentó ninguna.

En universidades privadas como la Politécnica Salesiana se tomó como referencia el protocolo establecido por el CES y la Senescyt. Ahí se han reportado tres denuncias hasta junio de este año, según información proporcionada por la universidad en ese mes.

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se realizó un proceso de construcción de un protocolo específico para casos de violencia de género, abusos y discriminación. Mientras, en la Universidad San Francisco se acogen las denuncias en el departamento estudiantil y se procede según el Código de Honor y Convivencia de la institución.

En contexto

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) reconoce que en las instituciones educativas se deben garantizar espacios de respeto a los derechos y a la integridad de la comunidad educativa. Miembros de la comunidad exigen que se cumpla.

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