Ramiro García y Francisco Cañizares durante la rueda de prensa de este jueves 19 de mayo de 2016. Foto: EL COMERCIO
La Ley de Solidaridad por el terremoto genera críticas entre los colegios de abogados de Pichincha y Cotopaxi. Sus representantes, Ramiro García y Francisco Cañizares, dieron una rueda de prensa la mañana de este jueves 19 de mayo de 2016, para llamar a la resistencia. Los abogados no piensan acatar la disposición transitoria tercera de la nueva Ley.
La norma dice que los estudios jurídicos deben enviar a la Administración Tributaria un reporte de actividades sobre la creación, uso y propiedad de sociedades en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición de beneficiarios efectivos ecuatorianos.
Para García, quien piensa que esta disposición no tiene relación con la solidaridad o el terremoto, la norma es una violación al “secreto profesional”, que están obligados a cumplir los abogados del país. “A qué nos obliga la Ley Solidaria, a revelar los secretos de los defendidos”.
Además, también viola -dice- el derecho a la defensa de los clientes. “No se puede obligar, vía ley, a los profesionales del derecho a cometer un delito”.
García citó el artículo 269 del Código Orgánico Integral Penal que sanciona con cárcel al abogado que revele los secretos de la persona defendida.
Esta tarde, los gremios profesionales anunciaron que harán una petición formal al presidente Rafael Correa para que vete esa disposición. Ayer miércoles, Correa ya anunció que la Ley de Solidaridad pasará sin ser vetada. Lo dijo durante su rueda de prensa sobre las réplicas del terremoto.
El segundo paso que prevén los gremios es llevar este pedido a la justicia. La próxima semana, si no hay una respuesta favorable de Correa, plantearán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucionalidad.