13 de julio de 2020 19:51

Abogado de exgerente dice que funcionarios sí solicitaron dinero para financiar campaña por la consulta popular del 2018

Agentes ejecutaron allanamientos en el caso de la consulta popular del 2018. Foto: Twitter Fiscalía

Agentes ejecutaron allanamientos en el caso de la consulta popular del 2018. Foto: Twitter Fiscalía

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Redacción Seguridad

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Jorge Luis Ortega, abogado de la exgerente de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR), Mónica Castillo, confirmó que el 4 de enero del 2018, durante una reunión, funcionarios de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) solicitaron a su cliente dinero para financiar la propaganda de la consulta popular, que se efectúo en febrero de ese mismo año.

Según el defensor, ella no entregó dinero público, sino aportó de sus fondos personales. “Contrató con su propio dinero a una imprenta, en Cuenca, para imprimir 100 000 afiches”.

Castillo entregó esta información a la Fiscalía y ahora forma parte del expediente de investigación por el presunto delito de peculado en el financiamiento de la campaña.

De hecho, este 13 de julio del 2020, agentes realizaron allanamientos en las oficinas de esas dos entidades en Quito y Cuenca.

Peritos de Criminalística de la Policía accedieron a las computadoras de las dos empresas públicas para recabar evidencias e información.

La Fiscalía recibió una denuncia que señala a 12 empresas públicas, entre ellas las dos allanadas, que presuntamente gestionaron la entrega de USD 5 millones, para esa campaña electoral a favor del Sí.

Según la queja judicial se habría gastado casi USD 1 millón en camisetas y banderas; y medio millón de dólares en globos, folletos y afiches. También se habría usado fondos para pagar planes de celulares, distribuidores del material y para el montaje de eventos.

Jorge Wated, actual presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y coordinador de esa campaña electoral, negó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que haya existido una doble contabilidad y aportes de instituciones públicas.

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