Tras el sismo que devastó al corazón de México en septiembre de 1985 (8,1 grados en la escala de Richter), nació el Sistema Nacional Protección Civil (Sinaproc), un organismo encargado de salvaguardar a la población y al ambiente de eventuales desastres naturales o provocados por la acción del hombre.
Dicho sistema está integrado por instituciones de los tres órdenes de Gobierno (federal, estatal y municipal). También participa el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, en donde la administración pública tiene funciones ejecutivas.
La iniciativa privada funge como asesor y la sociedad civil participa a través de grupos voluntarios.
Hoy en día, México cuenta con una red de vigilancia sensorial que registra los fenómenos naturales. Esta es operada por personal de instituciones universitarias, principalmente, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y del Gobierno federal.
El personal encargado de manejar los instrumentos de medición se encuentra, fundamentalmente, en dos instituciones, que están en coordinación con el Sinaproc: El Servicio Sismológico Nacional (SSN) y Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el SSN, institución dependiente del Instituto de Geofísica de la UNAM, en el país existen 56 equipos para el monitoreo y registro de temblores distribuidos dentro del territorio. Estos envían su señal en tiempo real directamente a la Estación Central localizada en el Instituto de Geofísica.
El monitoreo de la actividad sísmica data de 1910, cuando surgió el SSN.
El Servicio Meteorológico Nacional, institución dependiente del Gobierno federal, es el encargado, desde 1933, de observar las condiciones atmosféricas. Para detectar las tormentas, frente a fríos o huracanes. La red está integrada por 15 estaciones de radiosondeo y 12 radares meteorológicos.
Esas instituciones difunden su información mediante boletines o avisos vía telefónica, fax o Internet, al Sinaproc, instituciones educativas, medios de comunicación, empresas, laboratorios, hospitales y público en general.
Cuando hay un desastre natural, se actúa apegado al Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil donde están definidas las funciones específicas de participación, prevención, auxilio y recuperación. La primera autoridad que tenga conocimiento de la emergencia debe ayudar e informar a las instancias especializadas de protección civil.
La autoridad municipal es la primera entidad que debe actuar, pero si su capacidad de respuesta es superada, entonces el Gobierno estatal presta auxilio, y si la capacidad de este no es suficiente se solicita la intervención de instancias del Gobierno federal.
A través de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Gobierno federal se encarga de coordinar al Sistema Nacional de Protección Civil, y es por lo tanto la responsable de emitir las declaratorias de emergencia. Con la declaratoria se destinan recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Asimismo, se determina si se envía la ayuda de las Fuerzas Armadas, las cuales tienen planes de auxilio para actuar en la totalidad de su territorio y mares.
El Ejército, por su adiestramiento e infraestructura, es uno de los principales elementos de los que dispone el Gobierno federal, para materializar las acciones de auxilio en coordinación con las autoridades civiles.
Cabe mencionar que si el Sistema Nacional de Protección Civil llegara a colapsar la institución que asume sus responsabilidad es el Ejército, cuyo titular es parte del gabinete de seguridad nacional de la Presidencia de la República y como tal cuenta con una capacitación y entrenamiento especial para la toma de decisiones frente a eventuales catástrofes.
Hoy, se capacita a las personas a través de simulacros y narrándoles lo que pasó en el terremoto de 1985.