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Desde 2008, el Gobierno sabía que Irán era un socio muy peligroso

Redacción Negocios y Unidad de Investigación

El Gobierno conoció las advertencias de cuatro organismos internacionales y uno nacional antes de ser incluido en la lista de países de alto riego por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Las primera alertas se activaron a fines de 2008, cuando las autoridades mostraron interés en establecer relaciones económicas, culturales y científicas con Irán, según informes reservados del Banco Central del Ecuador (BCE) en poder de este Diario.  

Por eso, la reciente decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no es sorpresiva. La primera advertencia y quizás la más dura es la de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de  EE.UU.

Este organismo combate a países y regímenes terroristas que participan en la proliferación de armas de destrucción masiva.

Y en sus lista, según la firma World Check -citada en un reporte del Central- están los bancos Central de Irán (BCI), el de Desarrollo de Exportaciones de Irán (EBDI), con los que el país suscribió acuerdos en diciembre 2008. 

Según la OFAC, las entidades financieras que presten servicios a personas u organizaciones que estén en sus  listas tendrán sanciones penales y civiles. Las penales oscilan entre USD 250 000 y USD 10 millones para empresas y desde USD 10 000 hasta cinco millones para individuos. Las penas administrativas consisten en multas que van de USD 11 000 a un millón, así como bloqueo de activos y fondos o confiscación.

Otra alerta incluida es la de la Federación Latinoamérica de Bancos, que advirtió que los países que cooperen con los bancos sancionados de Irán corren el riesgo de ser incluidos en estas listas, como  colaboradores de narcotraficantes, criminales  o terroristas.

Ante este tipo de riesgos, el Consejo de Seguridad de NN.UU. expidió, el 3 de marzo de 2008,  una alerta a todos sus países miembros. Exhortó a los Estados a vigilar los compromisos que  prestan  apoyo financiero al comercio de Irán,  con recursos públicos.

Por su parte, el GAFI publicó una nota el 16 de octubre de 2008, en la que expresa su preocupación por la falta de esfuerzo de Irán para afrontar los riesgos del financiamiento del terrorismo.

Para el organismo esto representa una grave amenaza para el sistema financiero internacional, por lo que recomienda adoptar medidas preventivas.

Pero todas estas advertencias no tuvieron eco en el Gobierno. Entre el 5 y el 8 de octubre de 2008 fue la primera reunión de la Comisión Económica Conjunta entre los gobiernos, en Teherán.

Según un informe  de José Luis Ziritt, delegado del Presidente al Directorio de Petroecuador y quien participó en la reunión, lo más destacado fue el ofrecimiento de ayuda de Irán en refinación, petroquímica y gas. También se destacó  el interés en concluir las negociaciones, iniciadas en julio de 2008, por el Ministerio de Agricultura. Esta Cartera expresó su deseo de  adquirir urea, maquinaria agrícola…  de Irán. Mientras  este país  quería banano y arroz. 

Ambos países acordaron la necesidad de definir un sistema de pago que facilite el comercio bilateral, a cargo del BCE y del BCI.

El 6 de noviembre de 2008 se presentaron dos informes a la gerencia del  BCE, para que sean conocidos por el Directorio, liderado por Carlos Vallejo, quien dejó el cargo  a fines de 2009.

En el primer documento se explica que las operaciones internacionales del BCE se negocian en dólares y se compensan a través de bancos estadounidenses y se liquidan en el Federal Reserve Bank. El banco encargado de reembolsar valores, en cambio, es Bladex- Panamá, entidad que  a su vez trabaja con Wachovia Bank para transferir fondos a otros bancos estadounidenses.

Todas estas entidades al ser consultadas por el BCE sobre si era posible  canalizar pagos de comercio exterior a Irán respondieron que no, debido a sus políticas internas, las cuales se basan en las regulaciones de la OFAC.

Ante esta negativa, mantuvieron reuniones con funcionarios del BCI para buscar otro mecanismo de pago. La propuesta del BCI  fue que ambos bancos se otorgarían  una línea de crédito por USD 15 millones, para asegurar la continuidad del acuerdo comercial.

Pero en el informe se enfatizó que existía otro inconveniente por la “capacidad legal y financiera” del BCE para colocar los USD 15 millones. Y la segunda estriba en que el único mecanismo que dispone el BCE para canalizar  operaciones de comercio exterior de empresas privadas ecuatorianas es el acuerdo de pagos recíproco entre bancos centrales (Aladi), del cual el BCI  no es parte. La alternativa que restaba era transar con los bancos iraníes que están en la lista  de la OFAC.  Y usar como bancos reembolsadores a los bancos Industrial
Venezuela e Internacional de Desarrollo de Caracas. Este último también está en la lista  por no cumplir con límites de riesgo.  

Pero en una sesión reservada del 11 de noviembre de 2008, el Directorio del BCE  autorizó establecer un mecanismo de cobros y pagos que viabilice las operaciones de comercio exterior con Irán. Y, en diciembre, se firmó un protocolo de cooperación con el BCI. No obstante estas operaciones, si bien han sido defendidas por el Gobierno, no han podido concretarse.

Finalmente, hace un año (el 25 de febrero de 2009) el GAFI adelantó que Irán estaría en la lista de riesgo para el sistema financiero, en la que hoy también está incluido Ecuador.

La relación con Irán se mantiene

El presidente Rafael Correa, al igual que las autoridades, calificó de “soberana” la decisión de  mantener relaciones con Irán.

“Cómo es posible que nos pongan en entredicho de lavado de activos por los lazos diplomáticos que existen”, señaló Domingo Paredes, secretario  del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes (Consep).

Para Miguel Carvajal, del Ministerio de Defensa, Ecuador estableció relaciones con Irán al  igual que otros países, como Colombia, Brasil y EE.UU. “¿Por qué no los sancionan?”, cuestionó.

El canciller, Ricardo Patiño, informó además que Argentina separó del cargo al funcionario que apoyó la decisión del GAFI de incluir a Ecuador en la lista. 

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