El procedimiento para la fiscalización a las autoridades de Gobierno y los titulares de los organismos de control también se abordó en la reunión.
El presiente Cordero defendió el mecanismo establecido en la nueva Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Según su criterio, los 124 asambleístas podrán presentar iniciativas en materia de fiscalización y control político. “Solo depende de que los asambleístas planteen bien los procedimientos, los casos no se podrán paralizar por razones políticas”, sostuvo.
Según la nueva Ley, los pedidos que planteen los asambleístas se remitirán a las comisiones que sean competentes y la Comisión Especial de Fiscalización deberá observar que se cumplan los procedimientos.
Cordero también recordó que “solo el hecho de que los funcionarios públicos se nieguen a entregar información ya es una causal de interpelación”.
Los funcionarios tienen un plazo de 15 días para responder la información que requiera cualquiera de los asambleístas.
Silvia Salgado, quien preside la Comisión de Fiscalización, consideró que es necesaria la redacción de un instructivo, en el que se aclaren las atribuciones que tendrá este organismo de control. “Al parecer, hay un cruce de competencias entre lo que harán las comisiones especializadas y la especial de Fiscalización, sostuvo la representante de origen azuayo.
Galo Lara, de Sociedad Patriótica, cuestionó el mecanismo de fiscalización. Recordó que dependerá del Consejo de Administración Legislativa si procede o no un pedido de enjuiciamiento político. Según el representante de Los Ríos y vocal de la Comisión de Fiscalización, habría un encubierto espíritu de cuerpo para no dar paso a la fiscalización de los actos del Gobierno.