A pesar de que la degradación forestal está prohibida en el departamento de Guaviare por el Estado colombiano y las disidencias, la selva amazónica, que ocupa casi la totalidad del territorio, sigue menguando año a año, agonizando entre llamas, y dando paso a un inmenso potrero. Los parches, cuadrados perfectos de bosque quemado y deforestado, se pueden apreciar en la zona desde el aire pero, sobre todo, transitando las ‘trochas’ (caminos) que conectan municipios y veredas en las que el ojo no alcanza a ver dónde acaban los potreros de cientos de hectáreas en las que contrasta unas pocas vacas.
Prácticamente todo el Guaviare está protegido bajo la Ley Segunda de 1959. Es un departamento “de 5 500 000 hectáreas, donde el 90% es intocable sobre el papel porque es reserva campesina, resguardo indígena y tiene tres áreas protegidas”, explica Felipe Henao, de la Asociación Digital Cobosques. Pero los desplazamientos del conflicto interno llevaron a colombianos a llegar a esta selva amazónica en busca de oportunidades lejos de la violencia y acabaron asentándose en los baldíos.
Estos llamados ‘colonos’ no tuvieron en cuenta la protección ambiental de las tierras que ocuparon hace décadas. Algo que llevó al Gobierno a tener que buscar una estrategia para “legalizar esa ocupación” a través de sustraer la protección de la que gozaba por ley a aproximadamente 500 000 hectáreas de reserva forestal.
Ausencia estatal en el Guaviare
El departamento estuvo sembrado de coca durante los años del conflicto armado. Esta actividad permitía a los campesinos sobrevivir ante la imposibilidad de cultivar otro tipo de alimentos por la dificultad de comerciar con ellos.
Resultaba más rentable sacar un kilo de pasta base de coca que uno de yuca o plátano. Al llegar la paz, la coca dejó paso a la ganadería. Cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) salieron del territorio, “este nunca se llenó con presencia estatal. Convirtiéndose en gran aperitivo para quienes tenían mucha plata, pero también poder político”, indica Henao.
Pero las FARC aseguran que establecieron normas con las comunidades para tener esa gobernanza ambiental y poder cuidar la selva. “La responsabilidad de la deforestación es del Gobierno Nacional que no tuvo la capacidad de responder después del proceso de paz”. Indica Michael, un líder del espacio de reincorporación Colinas, donde viven excombatientes de esta extinta guerrilla.
Lo político y lo económico se mezclan en una espiral de poder que incluso ha llevado a “permitir la deforestación con recursos públicos. Llevando maquinaria para abrir nuevas carreteras ilegales” y a pagar “vacunas” (coimas) a los grupos ilegales que todavía operan en la zona. Esto para que se brinden “unas garantías de seguridad” que permitan seguir con la deforestación, en palabras de Henao. En este sentido, las disidencias de las FARC continúan imponiendo su ley.
Potrero en suelo infecundo
Los potreros se han convertido en la principal actividad económica del Guaviare. A pesar de que no tienen la capacidad productiva que tienen los suelos de vocación agropecuaria o pecuaria. Jhon Jairo Moreno, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), señala que aunque las coberturas de bosque se ven muy exuberantes, son suelos infértiles.
“Los bosques se sostienen desde su propia biomasa y de la poca microfauna que la procesa y le genera el nutriente. Por eso la gran fragilidad de estos ecosistemas: cuando lo quemas, es el mayor impacto ambiental que se puede hacer. Porque se quita la cobertura que regula el ciclo hidrológico y produce el oxígeno”, puntualiza.
Eso hace que “prácticamente se necesite una hectárea para una vaca, entonces alguien que quiere tener 100 vacas necesita tener 100 hectáreas”. Lo que genera esta dinámica que ya se ha convertido en una cuestión cultural donde quemar un trozo más de bosque es algo de lo más común, explica el ingeniero de la CDA.
Según Moreno, deforestar una hectárea cuesta entre 500 000 y 700 000 pesos colombianos (casi USD 160 al cambio del 30 de agosto de 2022). “Una vez deforestada, restaurar una hectárea cuesta unos 10 millones de pesos (unos USD 2 200) para lograr llevar ese bosque a la condición natural original”, finaliza. Desde el Guaviare, la selva lanza un grito de auxilio que no está siendo escuchado mientras las llamas abren el paso a las vacas.