La pregunta la escuché en radio, fue de una servidora pública, profesional, madre soltera, entre lágrimas, cuando el viernes 28 de octubre del 2011 la desalojaron del lugar de trabajo. Comentaba que sus jefes inmediatos siempre la habían considerado como una buena servidora, en más de 22 años de trabajo. Le habían dicho que si firmaba la renuncia obligatoria recibiría USD 1 320 por año de servicio. De no firmar, se debía ir sin liquidación.
Ella sabe que a los 45 años le será difícil conseguir empleo en el sector privado; y, que no será fácil invertir en un negocio. Es que en menos de dos años, nada quede de la liquidación. No tiene tiempo de servicio ni edad para jubilarse. Nunca pensó en que la iban a arrojar de su trabajo. Un drama de vejamen y violencia, a más de la deshonra con la tacha colectiva de que se está actuando contra la corrupción. Regresemos a su pregunta “¿por qué a mí..?
Porque ella y miles de servidores públicos creyeron que con su silencio y su miedo, ante los abusos del poder, no serían agraviados por éste.
Cuando, en mayo del 2008, en la Asamblea, se eliminó la garantía constitucional de los derechos de los servidores públicos, después de haber tenido más de medio siglo de vigencia, algunos dimos la alerta de lo que se podía venir. Dirigentes gremiales arropados por el Gobierno, en boca chiquita decían que solo era para “depurar” al sindicalismo petrolero” y a ciertos sectores “problema”. “El que nada debe, nada teme” era su frase de esbirros del poder.
Cuantos parece que nunca leyeron a Martin Niemöller, en su denuncia de la represión nazista, 1937-1945: “Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista; luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío; luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista; luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante; luego vinieron por mí, pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”.
Testimonios del viernes último:
Milton Jijón, con 33 años de servicio, médico genetista del Hospital Baca Ortiz. “Hacia el mediodía me llevaron a Recursos Humanos y me entregaron unos documentos que yo me negué a firmar. Me quisieron obligar a firmar la acción de personal, un policía me apuntó con su arma”. Gonzalo Bermúdez, jefe de Cirugía del Hospital Abel Gilbert de Guayaquil, denunció que le impidieron ingresar a los quirófanos, explicó que había cirugías programadas y que los pacientes y sus familiares no debían ser perjudicados. Le obligaron a retirarse. Camilo Morán, jefe de Cardiología del mismo Hospital Abel Gilbert, “Vino una señorita, la acompañaban policías, yo estaba haciendo un electrocardiograma, de repente me notificaron”.
Y usted, ciudadano, ¿seguirá pensando y diciendo “no es conmigo”?