Una ola desprivatizadora se propaga por Sudamérica. Cristina y Evo han asestado sendos golpes a empresas españolas, declarando la expropiación de empresas del sector energético que fueran privatizadas en los noventa: Argentina a YPF, que fuera Yacimientos Petrolíferos Fiscales y ahora subsidiaria de la española Repsol, y Bolivia TDE, Transportadora de Electricidad, subsidiaria de la española Red Eléctrica.
Vuelta atrás al reloj 200 años: nuevamente, el imperio es español.
La medida argentina es política, en cuanto mejora la popularidad de la presidenta, y fiscalista, en cuanto a que Argentina usará la caja de YPF y buscaría armarle un pasivo ambiental para compensar total o parcialmente el pago por la expropiación.
Se argumenta que YPF no invirtió, sino que se llevó los capitales a España. Pero hoy YPF es a lo sumo la tercera parte del negocio petrolero argentino. Cualquier problema en este frente energético lo tiene que compartir con otras empresas. Además, que el Gobierno argentino deberá analizar por qué sus políticas desalentaron la inversión.
La de Cristina no es la decisión correcta porque como en el caso ecuatoriano, los yacimientos petroleros son del Estado (en el caso argentino, de las provincias) y las empresas trabajan bajo contrato. Los contratos vienen acompañados de planes de inversión. Si los planes no se cumplen, las provincias pueden retomar el control de los campos petroleros, por incumplimiento contractual.
De haberse proseguido de esa manera, la medida argentina no hubiese causado tanta agitación entre los inversionistas. YPF seguiría existiendo, pero las provincias hubieran contratado con otras empresas, privadas o estatales, para la exploración y explotación de los campos.
Lo que se ha querido es enarbolar la bandera patriotera, lo que da tantos réditos políticos en nuestra región. Pero a la Argentina le hace daño.
También a Ecuador. Preocupa que internacionalmente, donde se trata de entender los fenómenos políticos y económicos de la región de una manera esquemática, se asiente la idea que América Latina se decanta en los países que acogen y respetan la inversión y los que no, y a nosotros nos incluyan en el segundo grupo.
El año pasado, de los USD 121 mil millones de inversión extranjera en América Latina, la mitad fue al Brasil, según Cepal. Siguen México (USD 19), Chile (USD 17) y Colombia (USD 13). Argentina debería estar en ese grupo, pero en cambio está en un segundo lote con Perú y Centroamérica (en conjunto).
El Ecuador es el penúltimo en inversión, superando solo al Paraguay, con una población mucho más pequeña. La decisión de Bolivia y Argentina contribuye a la aprensión de las empresas multinacionales a invertir en el país, por nuestras afinidades programáticas en esas dos naciones.