Anoche vi un indignante reportaje en CNN. En un esfuerzo investigativo conjunto con otros medios, CNN detectó fundaciones caritativas de EE.UU. que en realidad son negocios con fines de lucro.
Un caso involucra a varias fundaciones destinadas a apoyar a enfermos de cáncer, pero que pertenecen a miembros de una misma familia, Reynolds. Las fundaciones captan donaciones mediante mercadeo telefónico.
De lo recaudado, 75% va al pago de las firmas de mercadeo, la mayor parte del resto en salarios y honorarios de los dueños de la fundación. A los pacientes de cáncer se destina el 3% de las donaciones.
¿Pero, quién es CNN para acusar y condenar a la vez a los directivos de estas fundaciones? El reportaje causará indignación entre los donantes que se sentirán estafados, la reputación de los Reynolds, cuyas fotos y tomas de sus edificaciones salen en el reportaje, está por los suelos, todo obra de una empresa con fines de lucro, CNN, sin vínculos con el Estado y cuyos directivos y reporteros no han sido electos a nada.
Linchamiento mediático.
Si esto se diera en el Ecuador, los Reynolds podrían demandar a CNN.
¿Exagero? Concedo que en algo es así. Los Reynolds no son nadie políticamente. Los medios no deben temer lo del linchamiento mediático en casos que denuncien fundamentadamente, a no ser que toquen a funcionarios públicos o sus allegados.
En las democracias occidentales la prensa investiga, denuncia, destapa lo que los gobiernos ocultan. Hoy, en EE.UU., la prensa está tras las escuchas autorizadas so pretexto de seguridad nacional, y el gobierno de Obama está a la defensiva, teniendo que convencer a la opinión pública que las grabaciones de llamadas se justifican y que nadie está escuchándolas de manera sistemática.
Los cien asambleístas de Alianza País acaban de aprobar una ley que amenaza a los periodistas que investiguen y denuncien irregularidades cometidas por funcionarios públicos, con enjuiciamiento por incurrir en linchamiento mediático, con riesgo de perder su libertad y patrimonio.
Si la ley hubiese estado vigente desde 2007, el dueño del circo y el comecheque seguirían en sus cargos.
Lo peor es que el día que cambie el Régimen, y llegará ese día, el sucesor estará tentado a mantener esta legislación, porque jugará a su favor. Entre otras cosas, le permitirá neutralizar la presencia en los medios de los que recientemente dejaron el poder .
Como explicó de manera meridiana la primera vicepresidenta de la Asamblea Rosana Alvarado, la ley de comunicaciones es necesaria “para controlar a todos los sectores que quisieron seguir gobernando este país” (Ecuavisa, mayo 9).
Ecuador ha vivido otros episodios de represión de la libertad de expresión y de prensa; pero nunca bajo leyes aprobadas por un Régimen democrático.