Los escenarios de la seguridad en el mundo y en América Latina han cambiado sustancialmente en los últimos 20 años. La probabilidad de un conflicto entre países es cada vez más baja. A su vez, el narcotráfico y el crimen organizado aparecen como las nuevas y principales amenazas a la seguridad de los Estados y sus ciudadanos.
El carácter y la naturaleza de estas amenazas son sustancialmente diferentes. En comparación con el pasado, éstas tienen como característica la asimetría, la no convencionalidad y su origen (de orden nacional y transnacional). Al no estar suficientemente preparados, la escalada del narcotráfico y el crimen organizado ha puesto en jaque a los cuerpos policiales, abriendo la posibilidad de intervención de Fuerzas Armadas.
Esto ha hecho que en varios países de la región se piense en una necesaria reforma de las instituciones de la seguridad y la defensa. De ahí ha derivado la iniciativa de promulgar nuevas leyes y políticas, así como cambios sustanciales en la estructura de la institucional armada.
No obstante, la intervención militar en otros ámbitos como seguridad ciudadana y mantenimiento del orden público prácticamente ha fracasado en la región. El caso de México es un ejemplo.
Como si esta experiencia no sirviera para nada, en Ecuador se quiere repetir los errores de otros países debilitando a la Policía Nacional y haciendo que Fuerzas Armadas asuma roles que no le competen. En el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Pública que se debate actualmente la Asamblea Nacional, se incorporan artículos que son contradictorios con la Constitución de la República y además desvirtúan la naturaleza de la institución militar. Así se dice: “las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión fundamental de defensa externa, intervendrán por disposición de la Presidenta o Presidente de la República en protección interna, el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana”. Esto choca con el art. 158 de la Constitución que establece que la “protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas y responsabilidad de la Policía Nacional”.
La solución está en que, sin cambiar la misión fundamental de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la fuerza militar excepcionalmente pueda ser empleada en nuevas tareas (las cuales deberán estar establecidas en las políticas de defensa y en la planificación institucional) como control de armas, resguardo de la infraestructura gubernamental, asistencia en desastres naturales, apoyo en operaciones antidrogas, operaciones de ayuda humanitaria, mantenimiento de la paz y combate a las actividades relacionadas con el terrorismo.
Asumir tareas como protección interna y mantenimiento del orden público es un gran error. En lugar de hacer un bien, esta reforma puede sumir a Fuerzas Armadas en una profunda crisis.