Ha pasado desapercibida la ausencia de los delegados del Estado ecuatoriano en la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la situación de los derechos de libertad de expresión y asociación en el Ecuador. No solo eso sino que el presidente Correa calificó de “payasada” a dicha audiencia y, concurrentemente, de “payasos” a quienes participaron en ella. Además del irrespeto presidencial a quienes han escogido el difícil arte de hacer reír, de a través del humor expresar los más hondos sentimientos humanos, por lo cual los payasos y las payasadas no deberían tener ninguna connotación negativa, la postura del Gobierno expresa sí una falta de seriedad, irrespeto no solo a la Comisión en sí misma ni a los ciudadanos ecuatorianos que ejerciendo sus derechos solicitaron dicha audiencia, sino, y sobre todo, a las garantías de los derechos humanos de todos los ecuatorianos. Es un irrespeto a la propia Constitución de Montecristi y su vocación garantista; es un irrespeto al deber máximo que tiene todo gobernante, por más elecciones que haya ganado, de respetar los compromisos internacionales asumidos por el Estado .
Posiblemente, el Presidente ecuatoriano funge de muy serio cuando califica de payasos a quienes no piensan como él. Pero el problema va más allá de un simple exabrupto o palabra mal usada. El problema tiene que ver con que la inasistencia del Gobierno del Ecuador a la referida audiencia y el insulto presidencial son síntoma de algo muy grave, a saber, la manifiesta voluntad del Presidente de retirar progresivamente al Ecuador del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Este es el verdadero problema. Y aquel sí sería una falta superlativa a la tradición ecuatoriana de defensa continental de los derechos humanos, expresada en la llamada Doctrina Roldós, y a la obligación constitucional de toda autoridad de velar por que los derechos humanos de los ecuatorianos sean plenamente respetados. Debemos decir que el sistema interamericano de protección de derechos humanos, con cada uno de sus órganos y jurisprudencia, es el último recurso a nivel internacional de defensa de los derechos de las personas, cuando fallan las instancias nacionales. Aquello no puede desmerecerse por razones pueriles como el lugar de residencia de algunos de sus organismos o el parcial financiamiento privado que puedan recibir sus programas.
En suma, si se quiere hablar de payasadas, de modo peyorativo, habría que mirar a quien utilizó esta palabra como descalificativo. Por ahora, la Corte Interamericana ha fallado en contra del Ecuador por la decisión antidemocrática de cesar inconstitucionalmente a la Corte Suprema de Justicia, que en 2004, como ahora, puso a la justicia a órdenes del Ejecutivo.