Más allá de las razones que ahora esgrime el Gobierno para explotar el petróleo ubicado en el Parque Nacional Yasuní, así como de quienes se oponen, uno de los aspectos que a mi parecer han quedado colgados tiene que ver con un asunto que me parece fundamental: el derecho de las minorías.
El Presidente de la República, haciendo uso de sus facultades constitucionales, ha solicitado a la Asamblea Nacional que la explotación del Yasuní sea considerado como un asunto de interés nacional. Ha argumentado que en un país donde todavía prevalece la pobreza, no explotar los recursos naturales sería un disparate o un absurdo. Sin embargo, me preocupa que una decisión de este tipo, aunque tenga sentido desde una lógica capitalista y neoextractivista, pueda a la final vulnerar derechos de grupos y sectores minoritarios de la sociedad como es en este caso el de los pueblos en “aislamiento voluntario”. Un mal manejo de las actividades extractivas en el Parque Nacional Yasuní, lugar donde han habitado por siglos estos pueblos, llevará más temprano que tarde a su desaparición definitiva.
Si a la final no es el Gobierno y la Asamblea quienes deciden el futuro del Yasuní sino todos los ecuatorianos en una consulta popular, la pregunta sigue latente: ¿Hasta qué punto es legítimo que una mayoría se imponga sobre una minoría, mucho más cuando lo que se pone en juego es la vida de seres humanos? El argumento que quiero incorporar en el debate es el mismo que aparece cuando se trata de legislar sobre minorías no solo étnicas sino de diverso tipo. El punto es que una mayoría no debe imponer un criterio sobre el derecho individual que tienen grupos minoritarios, sean estos refugiados, desplazados o inmigrantes.
Creo que lo mismo ocurre en el caso de los pueblos no contactados que habitan en el Yasuní. Para estos pueblos no existe el Estado ecuatoriano. Lo único que está claro es que ellos han vivido en un territorio que les pertenece desde hace mucho tiempo atrás y que, sin saberlo, ciertos sectores de la sociedad ecuatoriana han tomado la decisión de explotar unos recursos que asumen les pertenece. No obstante, la pregunta persiste: ¿qué pasa con los derechos humanos de los pueblos que no tienen la posibilidad de expresar su voz? ¿Una razón de Estado puede vulnerar los derechos individuales de las personas? Lo que acabo de mencionar no solo evidencia la existencia de un vacío por resolver sino los problemas que eventualmente pueden presentarse si seguimos un modelo de desarrollo y democracia solamente sustentada en las mayorías y la representatividad electoral. El capitalismo depredador que se quiere impulsar, la concentración del poder y el disciplinamiento de la sociedad choca con un aspecto esencial como son la sostenibilidad ambiental y la garantía de los derechos fundamentales.