Un gobierno responsable tiene que equilibrar, como sea, la economía ecuatoriana para, con más inversión, crear empleos formales.
Cualquier político honesto y con visión debe apoyar un programa, duro pero necesario, para que después de dos años comience a crecer la economía a más del 3%, mejorando la productividad sin afectar a las condiciones laborales sino a base de buena gestión empresarial, con la garantía de que la dolarización elimina el riesgo cambiario que existe en otros países.
Para ello también hay que bajar la percepción del riesgo país disminuyendo paulatinamente el déficit fiscal a través de una mayor eficiencia en la recaudación tributaria y racionalizando el gasto, administrando bien los escasos recursos para que la gente crea y aporte. Al respecto no hay soluciones mágicas sino esfuerzos sinceros tanto por parte del Estado como de los dueños del capital.
Para ser fiscalmente responsable hay que saber gastar lo poco que se tiene sin afectar abruptamente el empleo, pues el país ya no resiste más desempleo.
Las compras públicas deben ser optimizadas para obtener mejores precios y evitar la corrupción que existe.
Eliminar los subsidios para llegar a un precio internacional de los combustibles, que sube y que baja, es pertinente para la sostenibilidad del desarrollo y no favorecer injustamente a quienes sí pueden pagar un precio indexado al precio del petróleo, pero focalizando técnicamente para no afectar a la gente pobre.
En cuanto a la tributación debemos apoyar el planteamiento del Gobierno para combatir la elusión y la evasión de impuestos, mediante un fuerte apoyo político para mejorar la eficiencia del Servicio de Rentas Internas (SRI) y crear fuentes de ingresos provenientes de los que si pueden pagar cuando no han sido afectados por la pandemia.
Los requerimientos del Gobierno para el corto plazo lucen razonables y ayudarían a crear las condiciones que mejore nuestra posición como sujetos de inversión y crédito internacional.
Me parece justo que, por ejemplo, quienes ganan más de 2 000 dólares mensuales deban contribuir con 30 dólares mensuales de impuesto a la renta, en lugar de los 15 que pagan ahora y los que ganan latisueldos deberán pagar más para que la economía no se pare y más tarde pierdan sus privilegios.
Esto es válido también para los que tienen un alto patrimonio, obtenido mediante su trabajo y la acumulación con los beneficios otorgados por el país durante los últimos 50 años, quienes deben contribuir de forma justa y progresiva para sostener al Ecuador en materia de seguridad, salud y educación de la gente pobre y trabajadora.
Hace bien el Gobierno al revisar el límite inferior para no afectar a los pequeños propietarios o de patrimonio
mediano y aumentar progresivamente a quienes han amasado tanta fortuna, lícita o ilícitamente.