La campaña anticipada es evidente. El Ejecutivo aprovecha cualquier recorrido de obras o actividad pública, seguida profusamente por las cámaras de la TV privada o de los canales que maneja el Gobierno, para lanzar arengas en pro de la consulta.
El Presidente no ha mostrado la cautela exigida en un mandatario para respetar el tiempo de análisis que se toma la Corte Constitucional en estudiar la pertinencia de las preguntas. Cierto es que muchos actores sociales dejaron escuchar en el foro de dicha Corte sus opiniones sobre los distintos temas consultados. También es verdad que el Presidente fue convocado, desdeñó esa posibilidad y envió a su asesor jurídico, quien contó con amplio tiempo para exhibir los argumentos del Ejecutivo.
El Jefe de Estado emplea buena parte de los espacios de comunicación, como los enlaces sabatinos, para referirse a la consulta sin límite de tiempo. Es inaudito que la autoridad electoral no tenga mecanismos suficientes para contabilizar esos espacios y compensarlos a los grupos sociales y políticos que se opongan al planteamiento del Presidente en tan envidiable tribuna. Solo así tendríamos un juego limpio en materia electoral.
Se ha dicho que el Código de la Democracia no contempla este tipo de campañas, que todavía no arranca oficialmente el proceso y hasta se ha aludido que quienes se oponen han hecho oír su voz en los medios. Por transparencia política el país quiere saber si los que se opongan tendrán amplios espacios, como tiene el Presidente, en los canales públicos cuyo contenido controla el Gobierno. Que cese la propaganda oficial adelantada por el voto positivo y que haya espacios para todos en iguales condiciones. Sería el modo de mostrar un auténtico espíritu democrático.