En las últimas semanas la Educación Superior ha tenido alta exposición. Las reformas enviadas a la Asamblea han generado temblores en instancias oficiales, entre parlamentarios, en universidades, en actores sociales. El tema ya se planteó en la campaña electoral, advirtiendo incluso la desaparición de Senescyt. Llamó la atención esta vez, el proceso escogido, los mentalizadores y actores y el momento seleccionado.
La propuesta fue entregada personalmente por Lasso el 17 de agosto. Se trata de una reforma parcial con carácter de urgente. Incluye 9 artículos y 2 transitorias. Se sustenta en una crítica dura a la actual LOES: “absurda, caduca, discriminatoria y, sobre todo, muy poco democrática”. La urgencia se diluyó pronto; la Comisión de la Asamblea informó que tiene 9 proyectos calificados por el CAL y que abrirá discusiones con las universidades, sectores sociales y docentes. No estará lista en este año.
Independientemente de plazos y disparadores, la reforma empezó a circular. Sectores universitarios se han citado para múltiples foros, encuentros, declaraciones en los medios. La reforma está lanzada y descansa en 3 pilares: autonomía y libertad, ampliación de la oferta académica, mejoramiento de los procesos de admisión. La propuesta topa temas de fondo sobre el modelo universitario, especialmente la autonomía.
Destacamos por ahora dos tópicos claves. El financiamiento que se volvió tan potente que ensombreció otras prioridades como autonomía, gratuidad, calidad, eficiencia. En las discusiones, además, se ha privilegiado fuentes y montos y poco calidad del gasto. Un punto de fricción que puede crecer. Más complejo por la crisis fiscal. Hay negociaciones en camino.
El segundo, la ausencia de articulaciones con la escuela y el bachillerato. No existe una visión de sistema integral de la educación. Predominan los pedazos y territorios independientes. Los frágiles puentes existentes han sido dinamitados. La pregunta que permanece es, ¿se puede reformar el sistema universitario sin tocar el tema del bachillerato?
Los acuerdos entre universidades y escuela respecto a exámenes de admisión y requisitos, no son suficientes. Rozan el problema sin adentrarse en tópicos más profundos, como modelos educativos, estructuras curriculares, competencias básicas, evaluación y calidad, articulaciones locales, investigación. Sintonías en puntos como éstos seguramente harían más fluido y natural el tránsito a la universidad y mejorarían el nivel de los aspirantes orientando mejor las prioridades universitarias.
La apuesta está sobre la mesa y su análisis puede ser una oportunidad. El Ministerio de Educación no puede quedarse fuera del debate. Es imperioso que construya su discurso alternativo, con la voz de sus actores, con sentido de integralidad, factible y creativo. Si de encuentros se trata, aquí hay uno que clama por proactivdad.