La consigna de ‘meterle las manos a la justicia’, la polémica frase presidencial para significar el gran cambio que el país esperaba, vuelve a mostrar sus debilidades, y hay severos cuestionamientos.
Los nuevos jueces de primera instancia pasaron por una selección cuyas reglas fueron modificadas hasta tres veces. La Veeduría Internacional cuestionó el procedimiento de selección y los 903 veedores nacionales, que debieron verificar el procedimiento, también están en cuestión. Al menos 450 de ellos son militantes de Alianza País. Una mancha que atenta contra la independencia del proceso.
De los jueces seleccionados, solo el 20% tiene experiencia. 87 aspirantes impugnaron el mecanismo pero no recibieron respuesta o se les negó explicaciones por correo electrónico desde el Consejo de la Judicatura Transitorio. Varios de los ex jueces cuestionaron también lo ocurrido.
Llama la atención que algunos de los nuevos operadores de justicia escogidos tuvieron que ver en trámites polémicos y cuestionados como los del 30-S, la condena al jefe de la Escolta Legislativa, el juicio al coronel César Carrión, ex director del hospital policial, o el mismo juez Juan Paredes, quien antes era temporal y cuyo expediente en la denuncia conocida como ‘Chucky Seven’ se cerró hace pocos días. Además, el Jefe de Estado no ha dejado pasar oportunidad de criticar a la justicia.
Los ciudadanos, cierto es, no están contentos ni con su funcionamiento ni con su lentitud ni con su falta de equilibrio, pero los ataques del poder político no son sanos. La independencia de poderes se ha repetido hasta la saciedad, es una condición de una democracia madura. El proceso de selección de los nuevos jueces deja una estela de dudas.