Gran parte de la clase política no quiere entender las demandas del país, que exige transparencia, no más rabos de paja, y soluciones a la inestabilidad institucional. No los acomodos de siempre para salvar a unos procesados y hasta sentenciados por actos de corrupción.
Hoy buscan cómo controlar la Contraloría, cuyo principal personero está preso, mientras otros sueñan que como secuela de ello se deje sin efecto lo actuado, cuando los informes y las pruebas demuestran las culpabilidades.
Hay instituciones que no pueden estar en el limbo mientras sus principales autoridades están en la cárcel. Sin embargo, desde allí tratan de dirigir a las entidades e intentan incidir en las investigaciones, lo que afecta a la ética pública. Están enjuiciados penalmente por presuntas irregularidades por corrupción, delincuencia organizada, violación de las normas legales y hasta acusaciones de abuso sexual. Eso sucede con la Contraloría del Estado y la Defensoría del Pueblo.
El caso de la Contraloría es más grave porque al menos en la Defensoría del Pueblo está actuando la subrogante. El gran desafío es cómo recuperar su pleno funcionamiento cuando está en juego el uso de los dineros públicos, que deben ser administrados honestamente, y por otro lado la protección y tutela de los derechos ciudadanos.
La Contraloría es fundamental como el órgano técnico de control de la utilización de los recursos del Estado y por tanto sus funciones son muy relevantes. Está obligada a dirigir el sistema de control administrativo, que se compone de la auditoría interna, la auditoría externa y el control de las instituciones públicas y de las entidades privadas que dispongan de recursos estatales. El organismo está obligado a determinar responsabilidades administrativas civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, si los casos ameritan.
Lastimosamente, esta institución indispensable en la estructura del Estado se ha venido a menos en los últimos 14 años que, por los hechos evidenciados y que incluso llevara a sentencias condenatorias, deterioró su imagen.
Un contralor actor y cómplice de la corrupción, que fuera sentenciado y está prófugo y otro en la cárcel 4. Eso no significa que el trabajo institucional, en muchos casos muy destacado y que ha ayudado a procesar y sancionar a malos funcionarios públicos, pueda ser echado de menos y peor como algunos corruptos sueñan que se pueda borrar, eliminar o revisar los procesos en su contra.
La Asamblea Nacional, que le debe mucho al país y por ello su desprestigio, tiene la obligación, dentro de su tarea de fiscalización, de llevar oportunamente a juicio político a quienes transgredieron la ley y traicionaron los principios. Debe priorizar y agilizar los casos, aunque un proceso de estos llevará más de un mes por los plazos establecidos en la ley.