La Corte Interamericana para los Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, falló en el caso interpuesto por el pueblo quichua de Sarayaku. El Gobierno del Ecuador acata el dictamen.
La demanda llegó a la Corte, como suele ocurrir, tras una resolución de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, con sede en Washington (ambos organismos del sistema interamericano tienen la misma sigla, CIDH). El fallo de última instancia condena al Estado ecuatoriano a pagar USD 1 390 000 al pueblo Sarayaku. Una vasta extensión de tierras de dominio ancestral, ubicadas en el norte de la provincia de Pastaza, fue adjudicada en el bloque 23 de exploración petrolera a la firma argentina Compañía General de Combustibles (CGC) en 1996. El pueblo Sarayaku demandó en instancias internacionales y obtuvo el fallo a su favor.
El Secretario Jurídico de la Presidencia aseguró que el Estado acata el fallo pero que estudiará el derecho de repetición contra el gobierno de Lucio Gutiérrez, en cuyo período la empresa petrolera utilizó carga explosiva en la zona. Cabe recordar también que durante el régimen de Rafael Correa, en mayo del 2009, se autorizó el reinicio de la actividad exploratoria.
El dictamen de la Corte de San José es importante por cuanto sienta un precedente, lo que en términos jurídicos se llama jurisprudencia, que puede ser referente para otros casos parecidos. La consulta previa, consagrada en la Constitución de Montecristi, será condición de otros procesos similares en el futuro.
Este fallo llega justamente cuando caminan concesiones mineras en zonas vulnerables, por su naturaleza frágil, y delicadas en materia social por las reivindicaciones de los habitantes de esos territorios.