Varias autoridades, con el Presidente a la cabeza, coinciden en que antes de “renunciar” a miles de empleados públicos se hizo un trabajo de inteligencia policial y militar y se determinó que los funcionarios despedidos incurrieron en corrupción y negligencia. En otras palabras, se introdujo un elemento de investigación hasta hoy desconocido, al menos públicamente.
Se supone que esa inteligencia de la Fuerza Pública usada para cumplir tareas extrajudiciales contra funcionarios públicos, que paradójicamente estaban bien puntuados en las evaluaciones normales, se debiera dedicar a tareas prioritarias como desbaratar las bandas delictivas que atacan a los ciudadanos.
Con inteligencia aplicada sistemáticamente, a la Fuerza Pública no le sería muy difícil infiltrar y detener a las conocidas bandas que actúan bajo conocidísimos patrones: horarios conocidos, barrios conocidos, métodos conocidos. Parece que la prioridad son, sin embargo, los funcionarios “corruptos”, o los que no se alinean con los postulados gubernamentales.
Más preocupante que la lamentable salida de quienes pudieran ser valiosos funcionarios y el irrespeto al debido proceso, es que se instala la idea de que quienes sirven al Estado (no al Gobierno de turno) deben responder a una línea, so pena de ser retirados de sus cargos. Y, más aún, que haya un patrón de “inteligencia” que, de ser cierto, nos encamina hacia un Estado policial.
En efecto, el espionaje con fines políticos es el principio de esos gobiernos en donde se coarta sistemáticamente la libertad de pensamiento. Sobran ejemplos de esos regímenes (desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha) que han tratado de instalar, primero en las cabezas de sus funcionarios y después en la de sus habitantes, la idea del control.
Tampoco es aceptable lo que viene sucediendo con algunos periodistas de medios estatales o en manos del Estado -es decir gubernamentales-, que consideran parte de su trabajo amedrentar con sus cámaras, o con sus grabadoras, a quienes participan en plantones y concentraciones. O equipos de comunicación estatal que filman a los periodistas independientes mientras hacen su trabajo.
En las últimas cadenas contra quienes estuvieron en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se usaron imágenes tomadas en Washington por la prensa gubernamental para tratar de probar lo imposible: que un personaje involucrado en la represión del gobierno de Febres Cordero integró la delegación de peticionarios. Este personaje más bien fue empleado de un banco del Estado hasta el año pasado.
Raúl Patiño, hermano del Canciller y dedicado a trabajar en el fortalecimiento de las bases de AP, llega a la Secretaría de Inteligencia. Debiera aclarar cuál será su papel. Solo hay que imaginar lo que les espera a los “enemigos de la revolución” en medio de un Estado policial y la delincuencia.