Para que no haya dudas de que las críticas por la ineficiencia en los servicios y los pocos avances en políticas públicas son cuestiones de opositores, basta escuchar lo que opina el alcalde de Quito, Augusto Barrera (identificado con el Régimen), de la pésima situación en la que se debate la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y que debió palpar en el traspaso de funciones.
Con gran pompa se creó esta Comisión, con sujeción a la Ley de Transporte Terrestre, aprobada en Montecristi y vigente desde agosto del 2008. Se generaron falsas expectativas pero luego de dos años quedó al descubierto, por declaraciones oficiales en esta entidad, el típico chivo expiatorio: la mala había sido la ley, que no se podía aplicarla porque los plazos eran muy cortos y por ello había que reformarla. Hay tantos artículos de incumplimiento que sería largo enumerar. Por ello las propias autoridades han admitido fallas y corrupción en los diferentes procesos, aunque no han tomado correctivos, especialmente en el otorgamiento de licencias profesionales.
La ineficacia administrativa ha sido evidente pese a contar con enormes recursos que ha concentrado la institución. Basta visitar sus diferentes dependencias y utilizar los servicios para confirmar esta realidad, que contrasta con las campañas mediáticas que solo buscan convencer a quienes no conocen. Allí se pierde infamemente el tiempo, se confirma la ineptitud burocrática y la falta de liderazgo. El buen ejemplo de servicio público del SRI ha sido copiado a medias. Solo funciona la entrega de turnos y se salvan unas poquísimas dependencias. El caso de la oficina de la Cordero, que labora ordenadamente, que contrasta con las dependencias de Sangolquí y la Occidental. Cómo es posible que en la misma provincia (Pichincha) no sirva el trabajo de Sangolquí por falta de confiabilidad en las dependencias de Quito. No contestan los teléfonos. No funciona la página web, que dice: estamos en proceso de cambio, la información que estás buscando estará lista pronto.
En el caso del traspaso de funciones a la Secretaría de Movilidad de Quito, en muchos casos -el tema de la legalización de los taxis ejecutivos- la Comisión no pudo resolver en más de dos años y le pasó el problema al Concejo. El Alcalde se ha quejado de esta situación y la dinámica actual es al revés: mientras más críticas se producen, más ratificada queda la autoridad, que ni siquiera rinde cuentas. Esto incluye la corrupción galopante que ha generado nuevos juicios, uno de ellos en Santo Domingo en donde se han confirmado irregularidades en los procesos de licencias profesionales. En el caso de Quito hasta ahora no se ha podido terminar el proceso de traspaso, que confirman en el Municipio, que sí ha sabido manejar técnica y ágilmente la Corpaire.