La Asamblea Nacional que se instalará en mayo próximo debe elegir sus autoridades y estructurar las comisiones legislativas. Y debe actuar de manera radicalmente distinta a la actual para recuperar prestigio y autoridad. La democracia no puede funcionar si no hay una Función Legislativa bien estructurada, honorable y prestigiosa.
La composición resultante de las elecciones de febrero pasado determina que no hay un solo bloque dominante y que hay cuatro importantes. Unes, Pachakutik, Partido Social Cristiano-Creo e Izquierda Democrática se convierten, todos, en factores casi indispensables para estructurar mayorías, nombrar a sus autoridades y resolver en legislación.
Todos deberían empeñarse, el gobierno entrante incluido, en que se alcancen acuerdos orgánicos, es decir, entre los partidos y no entre asambleístas. Este procedimiento, a más de ser limpio y ético, puede rendir frutos más estables y provechosos. Los acuerdos con curas sueltos, que se llaman independientes o se convierten en tales cuando abandonan sus partidos, huelen mal y son inseguros e inestables. Los así reclutados trabajan a destajo. Y cobran por obra. Y no hay nada más pernicioso para la moral pública y para la efectividad del gobierno, porque nunca sabe con quien cuenta y para qué. Y tampoco sabe el costo, que puede ser político o económico. De un tiempo a esta parte, lo que era un acuerdo político, que se concretaba en una gobernación o una tenencia política, se convirtió en contratos o dinero en efectivo. O aprobaciones de partidos políticos inexistentes para caciques menores en algunas provincias. Y así se aprobaban leyes y se salvaban ministros, o presidentes de organismos electorales.
La inauguración de un nuevo gobierno, las circunstancias de su elección, el alivio generalizado que se percibe, pueden orientar la acción gubernamental respecto de la Asamblea. Procurar acuerdos orgánicos con los partidos, establecer agendas legislativas mínimas, coordinar acciones que permitan salir de la crisis social y económica que sufre el país, sin que implique participación en el Ejecutivo ni impida la democrática y necesaria oposición, sería un ejemplo de madurez y limpieza que abriría horizontes de esperanza y buenos augurios, que tanta falta hacen. Así procedió en 1998 el gobierno presidido por Rodrigo Borja. Un acuerdo de la ID con la DP y el FADI permitió organizar el Congreso bajo la presidencia de Wilfrido Lucero y le dio estabilidad al país y al gobierno y buenas leyes durante dos años, hasta que empeños equivocados lograron desarticular esa mayoría.
Hubo 14 interpelados en un Gabinete de 12 ministros y varios censurados cuando ya no ejercían los cargos. Canibalismo absoluto, que hay que evitar.
El país necesita desesperadamente que los actores en juego actúen con limpieza, sin agendas ocultas, con patriotismo.