Para las elecciones de febrero del 2013, el oficialismo llegará con mayores ventajas en relación a sus competidores debido a que las condiciones electorales brindan más beneficios a los funcionarios que actualmente están en el poder. En tres días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará la convocatoria oficial a los comicios y a partir de esta fecha todas las normas del Código de la Democracia y los reglamentos menores aprobados por el organismo electoral estarán vigentes.
A diferencia de las elecciones del 2009 y de la consulta popular del 2011en este proceso existirán más elementos a favor del oficialismo: uno, la creación de nuevas normas que generan restricciones para la prensa durante el período electoral. Dos, que los organismos de administración y de justicia electoral están conformados, según opositores, por funcionarios obsecuentes al Régimen. Y, tres, que las normas para restringir la propaganda oficial en campaña aún son ambiguas.
Por todo esto, analistas y políticos opositores consultados por este Diario coinciden en que el CNE no fue capaz de diseñar “un mecanismo adecuado” para evitar los excesos presidenciales durante la campaña. Recuerdan que los anteriores comicios tuvieron como elemento común que el Presidente de la República pudo mantener su cargo y al mismo tiempo participar como un sujeto político y así promocionar su tesis.
Las críticas de la ex candidata presidencial Martha Roldós y del asambleísta de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, apuntalan a que esta doble condición le permitió utilizar los recursos del Estado no solo para promocionar su obra sino también para promocionar sus propuestas e imagen. “Mientras Correa en un día visitaba cinco sitios con el avión presidencial, yo recorría uno”, recuerda Roldós para quien la falta de control del Consejo Electoral fue uno de los elementos que permitió estos “excesos”. De hecho, la recomendación de la Misión de Observadores Europeos en el 2011 fue clara: “hay que fortalecer las normas que regulan el uso de recursos públicos durante la campaña electoral y su ejecución”. Un año y medio después, el temor de una lid electoral inequitativa ronda los albores del proceso electoral.
Los analistas Jorge León y Luis Verdesoto coinciden en que para los comicios venideros el Gobierno está ajustando el escenario a su favor. “Hay una evidente inmadurez política en Alianza País”, dice Verdesoto al analizar que el oficialismo cree que construyendo las condiciones necesarias para su triunfo electoral logrará un resultado positivo. Mientras para León “ los elementos claves de la democracia como la sana competencia no funcionarán”.
Pero, el punto que más genera preocupación entre políticos opositores es la labor limitada que tendrán los medios de comunicación para difundir las propuestas de los candidatos y por lo tanto una potencial invisibilización del escenario electoral.
Las restricciones se dan en dos frentes. Por un lado, mediante la normativa vigente del Código de la Democracia y otro por las sanciones que puede imponer el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a aquellos medios que a su parecer vulneren las disposiciones electorales. “Se intenta en el período preelectoral construir un escenario en el actual el periodismo está silenciado”, opina el director de la organización Fundamedios, César Ricaurte.
Esta ONG junto a otras cuatro organizaciones políticas y sociales intentaron frenar las normas impulsadas por el presidente Correa en el Código de la Democracia. Sin embargo, estas reglas están vigentes luego de que la Corte Constitucional (CC) levantó la suspensión temporal de la aplicación de estas normas.
Ahora, el Consejo Nacional Electoral, antes del próximo jueves, deberá establecer todas las reglas del juego para el escenario electoral del 2013. Uno de los reglamentos que está pendiente es aquel que norme la actuación de los medios de comunicación durante la campaña, así como la del gasto electoral.
La Asamblea Nacional
El nuevo método de asignación de escaños propuesto por el presidente Rafael Correa en las reformas al Código de la Democracia le otorga a las fuerzas políticas más fuertes una ventaja al momento del escrutinio, en detrimento de los movimientos políticos pequeños. Por ejemplo si en las elecciones del 2009 hubiera estado vigente el método conocido como D’Hondt, Alianza País (foto) hubiera obtenido 70 curules, con el mismo número de votos. Es decir hubiera puesto 20 asambleístas adicionales de los que tiene ahora, consiguiendo así una mayoría absoluta y por lo tanto el control del Legislativo. El MPD y Prian presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, pero la medida está vigente.
Restricciones a la prensa
La reforma presidencial al artículo 203 del Código de la Democracia limita la difusión de reportajes, entrevistas o cualquier especial periodístico cuyo mensaje incida a favor o en contra de un candidato o tesis política, a través de la prensa. Esta norma entrará en vigencia a partir de la convocatoria oficial a las elecciones. La Unión Nacional de Periodistas (UNP) (Foto) pidió la insconstitucionalidad de la norma, que aún no se resuelve en la Corte Constitucional.
La norma impedirá que las nuevas candidaturas puedan difundir sus propuestas por los medios. A esto se suma un fallo del Tribunal Electoral a una opinión de Vistazo. Este organismo juzgará las elecciones, por lo que se cuestiona la falta de imparcialidad en el tema.
Funcionarios en campaña
Una de las reformas del presidente Rafael Correa al Código de la Democracia permitirá que los funcionarios públicos puedan postularse para cargos de elección popular sin tener que pedir una licencia. En este cuerpo legal el Artículo 93 expresa que se elimina la obligación de que los dignatarios que se postulen para la reelección inmediata hagan uso de la licencia sin remuneración desde la inscripción de la candidatura hasta el día siguiente de las elecciones.
En el 2009 (foto), Rafael Correa fue candidato y presidente a la vez. Utilizó todo el aparataje estatal (avión presidencial, vehículos del Estado…) para recorrer el país. Al momento el Consejo Electoral no establece si el actual Mandatario deberá pedir licencia en campaña, aunque Domingo Paredes dijo que él debe promocionar su obra.
Tribunal Electoral
Los vocales del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ganaron un concurso público en el Consejo de Participación. Al igual que el CNE, los cinco jueces trabajaron para este Régimen. La titular Catalina Castro (foto) fue delegada en Portoviejo del Consejo de la Judicatura de Transición. El vicepresidente Patricio Vaca es hermano de dos funcionarios cercanos al Régimen, se trata de Pablo y Carlos Vaca. El vocal Guillermo González fue asesor de la consejera del CNE, Roxana Silva. Patricia Zambrano trabajó en el Ministerio del Deporte y Miguel Pérez fue asesor del consejero de Participación, Luis Pachala. Uno de sus primeros fallos fue contra la revista Vistazo a la cual la condenaron por un editorial. Contradiciendo la primera sentencia de la ex titular del TCE, Ximena Endara.
Su poder mediático
El Presidente tiene el respaldo de los medios públicos e incautados en la promoción de sus tesis, además de un espacio semanal de tres horas donde da a conocer su gestión. El reporte de Participación Ciudadana de la aparición de las propuestas durante la consulta popular del 2011 señaló que EcuadorTV, Gamatv y TC Televisión destinaron 187 minutos a la propuesta oficial del Sí; mientras que a la oposición se le concedió 97 minutos. En este año electoral, los controles del CNE han sido ambiguos. Entre enero y septiembre la imagen de Correa ha sido impulsada en el ‘spot’ Yo acuso al Presidente en el que se ha invertido USD 1 884 044, según Participación Ciudadana. Además, el tema de las sabatinas aún no está
normado.
Consejo Nacional Electoral (CNE)
Los actuales vocales del CNE fueron seleccionados mediante un concurso público desarrollado por el Consejo de Participación Ciudadana. Proceso que durante sus etapas fue criticado. Al realizar un análisis de los anteriores cargos de los consejeros electorales se establece que: el titular Domingo Paredes (foto) fue secretario del Agua y director del Consep. El vicepresidente Paúl Salazar trabajó como asesor del canciller Ricardo Patiño en dos ministerios. Nubia Villacís fue funcionaria del IECE. Juan Pablo Pozo fue secretario de la Asamblea y Roxana Silva trabajó para la Secretaría Anticorrupción y el Infa. Ellos impulsaron una revisión de firmas sin sustento legal y han desarrollado una normativa que no establece un control al gasto público.